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Ciudad de México. En México, la diferencia entre ser víctima de feminicidio y tener una mamá diputada federal y una mamá ama de casa que apenas sabe leer y escribir es abismal. A la primera el gobernador le “resuelve” el caso en menos de 12 horas y la segunda debe pelear contra tres gobernadores para aspirar a una justicia que lleva más de seis años sin aparecer.
Este jueves por la noche, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, ofreció una conferencia de prensa atípica en los casi dos años que lleva su administración, que acumula más de 4 mil homicidios: el panista apareció ante las cámaras de la prensa local y nacional para dar detalles de un crimen del fuero común, el asesinato de la joven Valeria N. de 22 años.
En Veracruz, como en el resto del país, no es común que el gobernador hable ante las cámaras sobre el homicidio de una joven. Tampoco que en menos de 12 horas las autoridades anuncien que han resuelto la causa del asesinato —una supuesta confusión del asesino entre la víctima y la pareja sentimental de un capo— y la identidad del tirador. Mucho menos que se informe que el autor material del crimen ha sido asesinado, lo que augura un cierre expedito del caso.
La reacción del gobernador ocurrió poco después de que los noticieros nacionales difundieran el momento justo en que la madre de Valeria conoció la noticia del crimen. La mamá es Carmen Medel, diputada federal por Morena, partido opositor en Veracruz y donde milita el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
El video de cómo la violencia homicida llegó al Pleno del Congreso, y que alcanzó a una legisladora que en tres semanas será parte del oficialismo, logró que Miguel Ángel Yunes Linares mostrara una eficacia poco vista para las organizaciones locales que trabajan para encontrar justicia para las víctimas de feminicidio.
Pero cuando la madre de la víctima es una ama de casa que gana apenas lo suficiente para llegar a fin de mes, que no tiene un cargo público y que no es amiga personal del próximo gobernador del estado, Cuitláhuac García, entonces la justicia no llega. Ni corriendo ni a paso lento.
Así le pasa a Reyna Trujillo, madre de Pilar Arguello Trujillo, quien a los 20 años, el 3 de septiembre de 2012, fue asesinada. Su familia se enteró del homicidio cuando un vendedor de periódicos voceaba el hallazgo del cuerpo de una mujer en un chayotal cercano a su casa en Coscomatepec, Veracruz. Pilar había sido violada y asesinada con saña.
El presunto agresor era un chico de 16 años que, iracundo porque Pilar no quiso tener relaciones sexuales con él, la asesinó. Poco después de su detención, el muchacho confesó el feminicidio. Incluso, participó en la reconstrucción de los hechos con los peritos. Cada movimiento que él admitió haber hecho fue confirmado por la procuraduría.
Pero su defensa argumentó que el proceso judicial estuvo mal armado. Un juez le dio la razón y dijo que su testimonio “carecía de valor probatorio”. Dos meses después, el responsable fue puesto en libertad. Además, pese a la violencia sexual del crimen, la autoridad no lo admitió como feminicidio. Apenas como homicidio doloso, que se castiga con menos años de prisión.
Reyna Trujillo inició entonces una larga pelea para encontrar impedir que el homicidio de su hija quedara impune y que el responsable siga libre. Apelación tras apelación, la Reyna Trujillo recorrió cada instancia de la justicia local. Luego, la nacional. En todas, le cerraron las puertas. Nunca un gobernador llamó a una conferencia de prensa para prometerle, en cadena nacional, que su hija tendría justicia.
En 2014, agotadas todas las instancias en México, Reyna Trujillo tuvo que recurrir a la Organización de las Naciones Unidas. En agosto de 2017, la justicia que no encontró en su país se apareció fuera de las fronteras. Desde Nueva York, Estados Unidos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) le dio la razón y recomendó al Estado mexicano la reapertura de la investigación, así como otras cinco medidas para mejorar la impartición de justicia en el país.
“El Comité observa que, con posterioridad a la fecha en que se pronunció la absolución de la persona inicialmente acusada del asesinato de Pilar Arguello Trujillo, las autoridades del Estado parte no parecen haber realizado ninguna actividad con miras a aclarar las circunstancias del delito e identificar al responsable del mismo, tal como la apertura de nuevas líneas de investigación”, se lee en la resolución CEDAW/C/67/D/75/2014.
Ante la presión internacional, el gobierno mexicano presentó tres meses después un reporte a la Cedaw en la que afirman que han cumplido con las recomendaciones del comité internacional. Sin embargo, el colectivo Equifonia, que lucha contra los feminicidios en Veracruz y asesora a la familia de Pilar Arguello, asegura que, en el mejor de los casos, las recomendaciones se han cumplido a la mitad.
En el peor de los casos, la recomendación más importante sigue sin resolverse hasta el día de hoy: el homicidio continúa impune a más de seis años y el presunto responsable sigue viviendo tranquilamente en Coscomatepec, Veracruz, porque no se le puede juzgar dos veces por el mismo delito. Incluso, a veces, la familia de Pilar Arguello aún se encuentra con él en la calle.
“Esto es lo que llamamos ‘indignación selectiva'”, dijo Araceli González, director de Equifonia. “No tendría que ser así, pero la realidad es que hay casos que por la reacción de la comunidad disparan otro efecto en las autoridades. Hay una diferencia entre venir de familia política y venir de una familia que se ayuda económicamente con un puesto de tacos”.
Mamá diputada y mamá ama de casa en municipio pobre. Eso hace una gran diferencia en México a la hora de “resolver” un feminicidio.
