La Jornada.
Ciudad de México. En México existen áreas opacas dentro de las instituciones que se usan para justificar la impunidad y ocultar la verdad. De ahí que delitos de lesa humanidad, como la tortura, sigan siendo una realidad en el país, aseveró el secretario general de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Gerald Staberock.
El especialista consideró que México cuenta con una gran ley para prevenir, investigar y sancionar los actos de tortura. Sin embargo, acotó, las normas no son el único elemento para erradicar esa práctica sino que se debe contar con instituciones más fuertes, en las que la característica no sea la corrupción y que se ponga a las víctimas en el centro de la atención.
Creada en 1985, la OMCT constituye la principal coalición internacional de organizaciones no gubernamentales que luchan contra la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y cualquier otro tratamiento cruel, inhumano o degradante.
Con 300 organizaciones distribuidas en el mundo, es la red activa más importante de organizaciones no gubernamentales en el campo de la protección y la promoción de los derechos humanos en el mundo.
El sistema judicial es completamente corrupto. En México siempre hay alguna institución o alguien que se encarga de ocultar la verdad (…) Hay maneras institucionales de prevenirla. Es fácil cambiar la ley, lo difícil es cambiar la mentalidad de los funcionarios.
Enfatizó que pese a que en México hay una sociedad sofisticada y civilizada, contradictoriamente se siguen presentando actos masivos de tortura, como lo documentó en 2015, tras su visita oficial al país, el relator contra esa práctica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez. La reacción del presidente Enrique Peña Nieto fue negarlo.
Durante una visita a esta ciudad europea –sede de varias oficinas de Naciones Unidas que trabajen en pro de las garantías sociales y humanitarias, como la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos–, La Jornada tuvo la oportunidad de charlar con Staberock, uno de los referentes mundiales en la lucha contra este delito de lesa humanidad.
Destacó la necesidad de que la sociedad civil mexicana y las autoridades aprovechen todo el sistema de Naciones Unidas para la revisión de la práctica de ese delito, como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con la cual se creó el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) que hace una revisión periódica a los estados parte para conocer la situación de este delito en sus territorios y dar recomendaciones para su combate y erradicación.
Entre abril y mayo de 2019, México comparecerá ante el CAT –integrado por 10 expertos independientes– y deberá dar respuesta a los señalamientos de los especialistas, después esperar una serie de observaciones, que como Estado está obligado a cumplir al haber ratificado este protocolo internacional.
Habló también de paradojas: por un lado la existencia de una buena ley en el país contra ese flagelo, pero, por el otro, el impulso de políticas y programas que dan las bases para que las fuerzas armadas se mantengan en labores de seguridad pública, a la vez de mantener un sistema judicial ineficaz en el que la base de las indagatorias se limita a la declaración del presunto responsable de la comisión de un delito.
La peor evidencia es la declaración de los presuntos culpables, esa debería ser la prueba con menos valor jurídico, sobre todo en delitos relacionados con el crimen organizado y el terrorismo. Si esto es la base, la investigación no tendrá éxito.
El otro elemento, dijo, es la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad, y es que por su formación para la guerra, sus acciones van al extremo, por lo que no pueden trabajar como policías.
Subrayó que desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el discurso de los derechos humanos, en particular contra la tortura, enfrenta un retroceso, pues desde entonces muchos ciudadanos apoyan las visiones antiterroristas y antimigratorias que muchos jefes de Estado enarbolan y que justifican la práctica de la tortura en beneficio de la seguridad nacional.
