La Jornada.
Ciudad de México. La noche del 26 de septiembre de 2014, entre 23 y 28 normalistas de Ayotzinapa -del grupo de 43 que se encuentra desaparecido de manera forzada desde entonces- fueron entregados a miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, quienes los condujeron hasta el basurero de Cocula, Guerrero.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó con pruebas científicas que en ese vertedero fueron asesinadas y calcinadas al menos 19 personas, en un tiempo que coincide con la desaparición de los estudiantes; sin embargo, debido a la ineficiencia de las diligencias ministeriales de la Procuraduría General de la República (PGR), no se puede determinar si se trata de algunos de los estudiantes de la normal o de otras personas.
Este par de datos son de los principales argumentos vertidos en la recomendación 15VG/2018 sobre violaciones graves a las garantías fundamentales realizado por el organismo nacional, y que está dirigido a 16 autoridades federales, estatales y municipales, entre ellas al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.
En una detallada explicación de estos elementos, José Larrieta, titular de la Oficina Especial para el caso Iguala de la CNDH, explicó que en las acciones contra los normalistas habrían participado elementos policiacos de varios municipios de Guerrero, como Iguala, Huiztuco, Cocula; de la policía estatal, elementos federales y hubo omisión de la PGR y el Ejército para garantizar la seguridad de los jóvenes.
Indicó que un grupo que fue detenido cuando viajaban en un autobús en el cruce de la calle Juan N. Álvarez y Periférico, fueron conducidos a la comandancia de la policía municipal de Iguala, de ahí, se les trasladó 30 minutos después a la zona conocida como Loma de Coyotes, donde fueron entregados a integrantes del crimen organizado, quienes los llevaron hasta el basurero de Cocula. Otro grupo, de entre 15 y 19 normalistas, que viajaban en otro autobús, fueron trasladados en camionetas de las policías municipales a Huitzuco, donde se les perdió la pista.
El funcionario de la CNDH detalló que el equipo de peritos de la comisión acudió al vertedero para analizar el lugar donde los implicados que han declarado dijeron haber incinerado a los normalistas.
En ese espacio encontraron elementos biológicos,físicos y químicos que permiten asegurar que hubo fuego en aquellos días provocando con combustibles y elementos como llantas, maderas y plásticos sobre una plancha de piedras. Los elementos encontrados en las piedras del lugar, fueron enviados por la CNDH al Instituto de Geología de la UNAM, quien confirmó que sí hubo elementos que advierten la presencia de un fogón que habría alcanzado de 200 a poco menos de 850 grados centígrados.
Además, agregó, la tierra y otros elementos hallados en la bolsa con restos humanos y cenizas recuperada en el Río San Juan, coinciden con elementos encontrados en el basurero.
Habló de el hallazgo de 94 restos óseos, 38 de ellos huesos petrosas (cada individuo tiene un par de ellos, por lo que se habla al menos de 19 calcinados en ese lugar), y de otro tipo, incluidos dentales, y pese a ello, la PGR no ha realizado los estudios genéticos para concluir si se trata de los normalistas o no.
Indicó que entre los restos hallados tanto en el Río San Juan como en el basurero, se enviaron a la Universidad de Innsbruck, Austria, donde se determinó tras un innovador proceso de identificación de ADN que coinciden con el ADN de dos de los 43 normalistas desaparecidos, Alexander Mora Benancio y Jhosivani Guerrero dela Cruz.
