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Ciudad de México. Sin bien dijo respetar a los funcionarios que se han amparado para que sus salarios no sean reducidos por la política de austeridad del nuevo gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la administración pública no es lugar para altos salarios.
En su segunda conferencia “mañanera”, el mandatario incluso afirmó que piensa que es un acto de deshonestidad que un trabajador del Estado llegue a ganar hasta 600,000 pesos al mes.
“Eso es corrupción de un país con tanta pobreza. Si un servidor público quiere ganar, como sucedía, 600,000 pesos mensuales, eso es un acto de deshonestidad, pero bueno, ese es mi punto de vista”, mencionó.
López Obrador reiteró que bajar los sueldos a los altos funcionarios fue uno de sus compromisos de campaña y se va a llevar a cabo.
“Si esto no les parece justo a los funcionarios públicos, a los servidores públicos del más alto nivel, de los tres Poderes, pues tienen su derecho a manifestarse también como lo están haciendo”, indicó.
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López Obrador detalló que los funcionarios que ganen menos de 20,000 pesos, ganarán más y los que perciben de 20,000 a 50,000, “no van a tener problema”.
“Donde hay disminución es arriba, por ejemplo, yo voy a ganar el 40% de lo que ganaba el presidente Peña, en otros casos la reducción es mayor porque ganaban mucho más”, sostuvo.
Aunado a esto, el presidente dijo que un secretario de Estado ganará 105,000 pesos mensuales, pero además, recibirá algo intangible.
“Va a tener la gran satisfacción de estar sirviendo al pueblo, no sólo de pan vive el hombre, lo material no es la felicidad, no es el dinero la felicidad, la felicidad es estar bien con uno mismo”, expresó.
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Ante cuestionamientos de los reporteros, el titular del Ejecutivo pidió ver cuánto ganan los servidores públicos en otros países.
“Yo recuerdo que hace un año, que escribí un libro, hice una investigación y los altos funcionarios públicos de México eran de los mejores pagados del mundo. Esto no puede seguir sucediendo”, apuntó.
No obstante, insistió en que su gobierno impulsa un auténtico Estado de Derecho, por lo que, ante las impugnaciones legales de funcionarios, la autoridad competente resolverá qué procede “y no hay ningún problema”.
