Oaxaca de Juárez. Crear una Comisión Especial para la Reconstrucción del Istmo, que además dará seguimiento al uso y destino de los recursos presupuestales federales y estatales para dicho tema, fue la propuesta que el vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de Oaxaca, Pável Meléndez Cruz, le presentó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Asimismo, en este punto de acuerdo, el también diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) exhortó al titular del Poder Ejecutivo del estado para que rinda un informe pormenorizado sobre el destino de los 200 millones de pesos etiquetados en el presupuesto 2018 por la LXIII Legislatura para atender la emergencia.
“Los oaxaqueños exigimos justicia. Exigimos que los recursos destinados hacia nuestra entidad realmente cumplan con los objetivos para los que fueron aprobados. Que estos lleguen a su destino final, que es el de ayudar a la población afectada, sin distingo de colores, ni de partidos”, asentó.
En defensa de los miles de damnificados por los terremotos de 8.2, 7.1 y 6.1 grados Richter, del 07, 19 y 23 de septiembre de 2017, respectivamente, Meléndez Cruz enfatizó en la Tribuna del Poder Legislativo:
“Y que nos informe el titular del Poder Ejecutivo qué pasó con los 200 millones de pesos que autorizó esta Soberanía y que no nos vengan a decir que se utilizó para los escombros. Es un insulto a las familias del Istmo y de muchas regiones del estado que así lo haya dicho el titular de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra)”.
En su exposición de motivos, con base a un reporte del Instituto Nacional de Estadística, el politólogo Pável Meléndez detalló que en Oaxaca uno de cada cuatro establecimientos sufrió durante los sismos algún tipo de afectación.
De acuerdo con información de la Comisión Estatal de Vivienda y de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el diputado indicó que los terremotos afectaron 63 mil 634 viviendas, de las cuales 36 mil 826 presentaron daño parcial y 26 mil 800 fueron destruidas totalmente.
Esta situación, dijo, obligó que autoridades federales decretaran el 23 de septiembre la declaratoria de emergencia en 75 municipios de la entidad, que se sumó a los incluidos en la primera declaratoria del 14 de septiembre, con un total de 291 municipios en esta categoría, “lo que significó que nuestro estado recibiera una importante cantidad de dinero para la ayuda de los damnificados”, precisó.
A pesar de la ministración de los recursos, denunció que a la fecha existe un sinfín de carencias en términos de transparencia y fiscalización de los mismos. Por ello, consideró necesario levantar la voz para exigir que las instancias correspondientes rindan cuentas del dinero público.
Ante esta situación, el representante popular advirtió que protegerá los intereses del Pueblo para que nadie se robe un solo peso y remarcó que será un vigilante permanente de la reconstrucción para evitar anomalías como las detectadas por la Auditoría Superior de la Federación.
