La Jornada.
Ciudad de México. Ante el creciente robo de combustible que representó este año una pérdida de 60 mil millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan urgente de combate a este delito. Con la participación del Ejército y la Marina ya se resguardan 58 instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos (Pemex); se iniciaron procesos administrativos y penales contra una red interna de funcionarios, y en los siete días de operación se redujo en 17 por ciento la ordeña de ductos.
López Obrador informó además que por conducto de la Secretaría de Gobernación se notificó a la dirigencia del sindicato petrolero que el gobierno federal y las fuerzas armadas tomaron el control de todas las áreas de Pemex. Mencionó que si bien no hay elementos que permitan concluir que los ex directivos de la empresa participaban en el robo de combustible, está claro que estaban en conocimiento: de que sabían, sabían, porque hay hasta estadísticas. Se contrataban sistemas precisamente para la vigilancia de ductos, informó.
“El año pasado se robaron diariamente más de 600 pipas, ese es el dato, de 15 mil litros cada pipa, alrededor de 200 millones de pesos diarios. No estamos hablando sólo del llamado huachicol (la ordeña de ductos), sino también de un plan que tiene vinculación dentro del gobierno y que se apoya en un sistema de distribución de combustibles, porque no es fácil distribuir, vender 600 pipas de gasolina al día”, advirtió.
Para dimensionar los alcances del robo, equiparó la pérdida al presupuesto anual de la UNAM, a 60 por ciento de las pensiones para adultos mayores o a 60 veces el presupuesto para las 100 nuevas universidades públicas. Con lo que se han robado este año alcanzaría para financiar 40 por ciento de una refinería o, para ponerlo en otros términos, tres años de robo de combustible es equivalente a una refinería nueva.
Desde hace tres sexenios se conocía el incremento sustancial del robo de combustible, que iba mucho más allá de la ordeña de ductos, subrayando que se detectó que en las grandes obras realizadas por los contratistas en los pasados años había depósitos de combustible robado que se vendía. Hizo un llamado a contratistas, a quienes lo transportan, a los concesionarios y a la sociedad en general a no comprar gasolina robada.
Agregó: “hay la hipótesis de que de todo el robo de combustible, sólo 20 por ciento se da con la ordeña de ductos, era una especie de pantalla, que la mayor parte tiene que ver con un plan que se opera con la complicidad de autoridades y una red de distribución. Entonces hay hachicoleros de abajo y hauchicoleros de arriba”.
López Obrador consideró que estamos enfrentando una crisis; es un país en crisis. Y estamos enfrentando la crisis de México atendiendo las causas, procurando que haya trabajo, bienestar, paz y tranquilidad. Pero también estamos enfrentando la crisis poniendo orden en el caos. La política es también eso, entre otras cosas, poner orden en el caos.
Durante su conferencia también dio a conocer que por conducto de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se notificó al dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, que el gobierno federal y el Ejército tomarían el control de todas las instalaciones.
Y ya en este plan no hay ninguna zona reservada, ninguna área en la que no se pueda intervenir, porque había algunas que sólo eran controladas por trabajadores sindicalizados”. En este contexto hizo un llamado a los trabajadores de Pemex para que nos apoyen, nos ayuden a que se logre el propósito de cero corrupción asociada a este delito.
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Al detallar los alcances del robo de combustibles, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, refirió que en 2016 representó una pérdida de 30 mil millones de pesos; en 2017, 59 mil millones, y en este año van 66 mil 300 millones. Precisó que el plan comenzó a instrumentarse el 20 de diciembre con la participación de las fuerzas armadas, cuando fueron removidos tres funcionarios y puestos a disposición del Órgano Interno de Control.
Sobre los funcionarios, el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseveró que la nueva administración de Pemex entendió que “el huachicol y el robo a todos los ductos no era un asunto exterior”. Dijo que se concluyó que tenía que haber una complicidad que permitiera que en el ducto siguiera fluyendo el combustible para podérselo robar.
Tras la notificación al Ministerio Público Federal se iniciaron los procedimientos penales correspondientes. Puntualizó que hay tres funcionarios involucrados del área de monitoreo de ductos, pero se reservó detalles en aras del debido proceso.
El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, aseveró que en el operativo conjunto con la Marina se tomó el control de 58 instalaciones de Pemex, que incluyen seis refinerías, 30 terminales de abastecimiento y despacho y 12 estaciones de rebombeo.
Subrayó que el personal desplegado en estas instalaciones –alrededor de 4 mil elementos– únicamente se abocará a vigilar las instalaciones estratégicas.
López Obrador señaló que está por aprobarse una reforma a la Constitución para que el robo de hidrocarburos sea delito grave.
