La Jornada.
Ciudad de México. El incremento a las tasas de interés este año provocó que el costo de la deuda asumida por el Estado para financiar el rescate de la banca, emprendido por el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo después de la crisis de 1995, consuma en 2019 un presupuesto superior en prácticamente 30 por ciento al ejercido en 2018, de acuerdo con información del paquete económico que estará vigente a partir del primero de enero.
Llamado oficialmente Apoyo a ahorradores y deudores de la banca, la partida presupuestal destinada a financiar el rescate bancario tiene asignados para el año que comienza recursos por 51 mil 345.2 millones de pesos. Esa cantidad supera en 29.5 por ciento en términos reales –descontado el efecto de la inflación– a la canalizada para el mismo fin en 2018, que fue de 39 mil 641.7 millones de pesos, de acuerdo con el documento, publicado este fin de semana en el Diario Oficial de la Federación.
Una de las principales razones del crecimiento de esa partida presupuestal tiene que ver con el incremento a las tasas de interés durante 2018, dado que los instrumentos emitidos por el gobierno del entonces presidente Zedillo para respaldar la decisión de rescatar a los bancos tras la crisis de 1994-1995 fueron emitidos en el mercado local de deuda y fueron conocidos como Pagarés Fobrapoa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), hoy llamados Pagarés IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario).
En 2018 el Banco de México elevó cuatro veces la tasa de interés de referencia –la que mueve las tasas de los instrumentos en el mercado interno de deuda–, que pasó de 7.25 por ciento al inicio del ejercicio a 8.25 por ciento actual.
En particular, para los recursos que administra el IPAB, entidad encargada de gestionar los pagarés emitidos por el rescate bancario, el presupuesto se incrementó de 38 mil 168 millones de pesos a 45 mil 431 millones. Además, este año se suma el subsidio del valor de la restructura valuada en unidades de inversión, instrumento cuyo valor se mueve con la inflación, en el cual se enmarca el rescate a empresas, también durante la crisis de 1995, que asciende a 5 mil 913 millones 500 mil 800 pesos, según datos contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
Los pasivos que administra el IPAB, de acuerdo con números del 30 de septiembre pasado, ascienden a 43 mil 834 millones de pesos del fondo IPAB y a 987 mil 957 millones de los asumidos por el hoy extinto Fobaproa. Esta suma es más de ocho veces los 6 mil millones de dólares que conforman el Fideicomiso para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Para el ejercicio fiscal del año que se inicia este martes, los recursos solicitados por el Ejecutivo para continuar financiando el rescate bancario, 51 mil 300 millones de pesos, equivalen a 0.2 por ciento como proporción del producto interno bruto, porcentaje similar al de 2018, de acuerdo con la información oficial.
El propio refinanciamiento de la deuda queda en manos de las instituciones bancarias, debido a que éstas son las principales tenedoras de los bonos emitidos para el rescate y, por tanto, son las que reciben los intereses.
En 2004 se canjearon los Pagarés del Fobaproa por los Bonos de Protección al Ahorro o Bonos IPAB, que son emisiones de deuda pública.
De acuerdo con Mario Di Costanzo, ex presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), este es un doble negocio para los bancos, porque quienes tienen esos bonos son ellos mismos.
BBVA Bancomer, Citibanamex, Banorte y HSBC son las instituciones bancarias que, algunas con nombres distintos, sobreviven tras el rescate, y de comprar los bonos que emite el IPAB reciben los rendimientos de éste. En ese sentido, Di Costanzo considera que si bien el rescate fue un robo a los contribuyentes, es tarde para una reingeniería de esa deuda.
“Lo prudente sería abrir el mercado de esos instrumentos para que no quede en el monopolio de los bancos y se lleven a un esquema similar a lo que sucede con los Certificados de la Tesorería de la Federación, que pueden ser adquiridos –sin importar el monto– por todo tipo de empresas y particulares, incluso en montos mínimos a partir de 100 pesos.
Creo que (el rescate bancario) fue un robo a los contribuyentes, pero lo cierto es que ahorita ya no hay mucho margen de acción. Lo más sensato sería que esos bonos de refinanciamiento se pagaran a una tasa menor a la del mercado, porque la deuda IPAB es pública, garantizada por el gobierno. Entonces, son instrumentos muy seguros. Una forma de devolver a la gente parte del costo del rescate bancario sería que se permitiera a las personas físicas tener bonos de ese tipo, subrayó.
