Oaxaca de Juárez. “Para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, las leyes deben contener mecanismos y garantías que incluyan investigación, sanción y reparación adecuada del daño, además de la aplicación sin restricciones de las mismas”, sostuvo la Lic. Yarib Hernández García, encargada de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (DDU-UABJO), durante su participación en la “Cátedra internacional ‘Marcela Lagarde y de los Ríos” en la “Sala Juárez” de la Facultad de Bellas Artes (FBA-UABJO).
Con el tema “Medidas de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”, sustentada el pasado 18 de diciembre, Hernández García sostuvo que desde todos los ámbitos deben defenderse los derechos humanos, por lo que es necesario conocer las leyes locales, nacionales e internacionales.
Consideró que las políticas públicas deben establecer con claridad que las y los funcionarios correspondientes deben dar respuesta oportuna a las solicitudes y denuncias de violencia contra las mujeres, además de crear programas y tomar medidas específicas cuando mujeres y niñas estén en riesgo de violencia.
Sobre el mismo tema, el investigador Alfredo Limas Hernández refirió por su parte que estudios elaborados en el estado de Chihuahua indican que las principales víctimas de la violencia de género están entre los 17 y 18 años de edad, y son jóvenes buscando trabajo en el turno vespertino, y fueron agredidas cuando iban a comprar artículos para la escuela; otro factor de coincidencia es que viven en zonas marcadas por la pobreza.
A su vez, el investigador Leonardo Felipe Olivos invitó a autoridades gubernamentales y universitarias a generar espacios públicos con entornos más seguros para las mujeres, como por ejemplo mantener estacionamientos y pasos peatonales iluminados, pues son usados por la mayoría de las y los jóvenes.
Otras participantes en la mesa de análisis, como María Eugenia Pérez Herrera, Elsa Gabriela Ruiz Guillén y Silvia Jurado coincidieron en proponer que las acciones de autoridades y ciudadanos que dañen a las mujeres sean consideradas como “graves violaciones a los derechos humanos”.
Además, exigieron la garantía de igualdad de oportunidades en la toma de decisiones de todas las instituciones, tanto universidades como dependencias de los tres niveles de gobierno.
