El Paí.
Ciudad de México. Durante semanas conseguir una entrada para Roma fue una tarea imposible. El conflicto entre Netflix y las principales cadenas de cine cerró la puerta a los espectadores mexicanos. Los cinéfilos más asiduos reservaban con varios días de anticipación para hacerse de un hueco en salas atiborradas o revisaban de forma frenética el calendario de funciones especiales para ser testigos de la última sensación cinematográfica del año.
Con el estreno digital, el pasado 14 de diciembre, ha surgido otro problema. La piratería también quería su tajada del éxito de la aclamada cinta de Alfonso Cuarón.
Las palabras de un desempachado vendedor del conocido corredor de películas pirata afuera de la Cineteca Nacional se convirtieron en una profecía. “¿Roma? No, todavía no se consigue en ningún lado, pero deja que salga en Netflix y va a estar por todas partes”. Unos días después, la escueta copia no autorizada estaba envuelta en papel celofán y se vendía a 25 pesos (poco más de un dólar). “Las vendí todas, pero te la consigo mañana, viene de buena calidad”, dice Emiliano, uno de los vendedores de la zona. Otros sí la tienen. Y en los mercados populares de la capital mexicana, Roma se puede conseguir por 10 pesos (50 centavos de dólar), 10 veces más barato de lo que cuesta la suscripción más básica de Netflix.
Casi 35 millones de mexicanos consumen películas pirata al año, de acuerdo con un informe a cargo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). El 97% de los DVDs y discos Blu Ray que se venden en el país son copias apócrifas y seis de cada 10 películas que se ven en formato digital son de sitios ilegales, según ese estudio. Pero no son solo las películas.
A espaldas del Palacio nacional, ríos de gente aprovechan las vacaciones de invierno y desembocan en un mar de imitaciones. Bolsas de piel a 50 pesos. Gafas de sol con el estampado de Ray Ban a 50 pesos. Juguetes tipo Lego a 50 pesos. Sudaderas Adidas, maquillaje, zapatos, libretas, accesorios para el teléfono, perfume y luces navideñas. Todo a una fracción del precio de los productos originales, hasta 20 veces más barato. “¿Son originales o son clones?”, pregunta un cliente. Todos lo saben. “Chécalo, no le pide nada a los de las tiendas, pero si lo quieres de marca, te lo consigo”, responde el mantero. Una pareja de policías camina de forma tranquila y desapercibida por los puestos. La calle de Moneda está repleta de vendedores. Pero podría ser cualquier otro rincón del centro de Ciudad de México o prácticamente de cualquier otra ciudad de México.
La venta de productos falsificados florece en un país con un saldo oficial de 53 millones de pobres, 30 millones en el sector informal y con los salarios más bajos de la OCDE. Uno de los 27 millones de habitantes que ganan dos salarios mínimos tendría que trabajar cinco días para comprar esos Ray Ban originales en una tienda. En las calles, los mercados, las estaciones de metro y con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, la decisión es sencilla. Ocho de cada diez mexicanos consumen piratería, de acuerdo con datos oficiales. Y se sienten con el derecho de hacerlo. Un 85% argumenta que les permite comprar productos a los que no tienen acceso, tres de cada cuatro consideran que todo el mundo lo hace, dos tercios opinan que impide que las grandes corporaciones se enriquezcan y seis de cada diez reconocen que es ilegal, pero no creen que sea grave, según el estudio anual de la Cámara Americana de Comercio y el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).
Poner un valor al mercado en la sombra es una tarea compleja. La derrama se calcula más de 20.000 millones de pesos (1.000 millones de dólares), según el ITAM. Si se considera la sangría en la recaudación de impuestos, los frenos al crecimiento económico y las afectaciones a la propiedad intelectual e industrial, esa cifra asciende a 43.000 millones de pesos (2.100 millones de dólares), según CIDAC. Los cálculos más escandalosos y autovictimizantes, publicados por las propias empresas, hablan de un billón de pesos (50.000 millones de dólares) en pérdidas para el sector privado.
Después hay costos inesperados. Incendios por árboles de navidad que arden tras un corto circuito, autopartes hechizas que provocan fallas mecánicas y accidentes, daños a la salud por medicinas apócrifas. Y la huella del crimen organizado. “Aún no se conoce el alcance real del narcotráfico en esta industria, pero se sabe que el problema es sistémico, que crece de forma descontrolada y que las autoridades no han logrado combatirlo”, afirma Mauricio Jalife, abogado especialista en propiedad intelectual. Jalife señala que las lagunas en la ley abundan, las conductas criminales no están bien definidas, las investigaciones son deficientes y el interés del Gobierno en afrontar la crisis ha caído sistemáticamente desde el Gobierno de Vicente Fox, que comenzó en 2000.
La Procuraduría General de la República (PGR, el equivalente de la Fiscalía nacional) destinó en 2018 poco más de 32 millones de pesos (1,7 millones de dólares) a su unidad especializada contra la piratería. Es apenas el 0,2% de su presupuesto y, a la vez, el porcentaje más alto que se le asignó durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Casi todo, nueve de cada diez pesos, se fue a pago de salarios y prestaciones de sus funcionarios. La PGR inició entre septiembre de 2017 y junio del año pasado 319 carpetas de investigación y se ha incautado de más de 429.000 objetos, pero solo pudo llevar a juicio a cinco personas, de acuerdo con su informe de labores. “En México se consume piratería porque no hay consecuencias para quien rompa la ley”, resume Ana Lilia Moreno, investigadora de México Evalúa.
Hasta octubre del año pasado hubo 1606 denuncias por delitos contra la propiedad intelectual e industrial y si se sigue con la tendencia de los últimos años, menos del 1% terminarán en una sentencia. En un mundo digitalizado, cuando el ocio y el entretenimiento son un lujo, y con el estigma de una lucha perdida en las instituciones, la batalla de la piratería migra cada vez más a un terreno tecnológico. Ahí están los problemas más grandes, pero también las soluciones de mayor calado. “Las empresas tienen que sacar productos que compitan con la piratería, Spotify es una alternativa mucho mejor que todas las leyes y las regulaciones que faltan”, sentencia Jalife.
