La Jornada.
Ciudad de México. Crear poco más de 9 mil estancias infantiles, muchas de ellas subrogadas, no fue una solución para asegurar una adecuada instrucción a los niños de cero a cinco años de edad, pues se aplicó una política de “mercantilización del cuidado de la primera infancia, sin que el Estado asumiera su responsabilidad de garantizar una verdadera educación inicial para los menores”, afirmaron pedagogos y docentes.
En entrevistas por separado, destacaron que muchas estancias infantiles “acabaron bajo el control de partidos políticos y organizaciones sociales que poco o nada sabían sobre la adecuada estimulación temprana de los niños durante sus primeros años de vida, tarea que se debe diferenciar claramente del cuidado que es necesario ofrecer a todo menor”.
Teresa Garduño, fundadora y directora del Instituto de Investigaciones Pedagógicas, resaltó que “hubo proyectos exitosos, sobre todo de estancias infantiles comunitarias, pero los errores y excesos en los que se incurrió deben ser corregidos”.
La especialista calificó de “infame” que durante el gobierno panista del ex presidente Felipe Calderón se permitiera que “cualquier persona pudiera abrir una estancia en su garaje, sin importar en qué condiciones ni quién ofrecía estos servicios”.
Propuesta en la Cámara de Diputados
Recordó que entre las propuestas presentadas por especialistas en temas educativos a la Cámara de Diputados, donde se discute la iniciativa de reforma a los artículos 3, 31 y 73 constitucionales, está “incluir en la Carta Magna la obligación del Estado de garantizar una educación inicial con un programa pedagógico claro, donde se fomente el desarrollo del lenguaje, del pensamiento matemático, de la música, las artes y la ciencia”.
Garduño aclaró que “no se trata sólo de ofrecer cuidados para los niños menores de cinco años ni tenerlos en espacios donde sólo se cuida y se guarda a los niños. Es necesario establecer que la educación inicial es un derecho y se debe contar con un sólido programa educativo para impactar realmente en el desarrollo de los menores”.
Uso clientelar
Al respecto, Pedro Hernández y Francisco Bravo, dirigentes sindicales y profesores con más de 30 años de servicio, enfatizaron que el gobierno federal “descuidó el programa de estancias infantiles al no prevenir que se hiciera un negocio del cuidado infantil, y sin asumir que impartir educación inicial también es responsabilidad del Estado”.
Señalaron que en diversas entidades, las estancias infantiles “quedaron en manos de partidos y organizaciones sociales, lo que también fomentó un uso clientelar de estos servicios, cuya calidad podía ser excelente en algunas estancias, pero en otras simplemente se vigilaba que los menores tuvieran alimentos y cuidados básicos, sin generar ningún proceso de estimulación temprana”.
Los docentes destacaron que, incluso, las secretarías de Educación Pública y Desarrollo Social –de la pasada administración federal– suscribieron un convenio para impartir el primer grado de prescolar en las estancias infantiles, “sin contar con el personal adecuado, pues no eran educadores graduados los responsables de impartir este grado escolar”.
