La Jornada.
Ciudad de México. La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una investigación de oficio por el posible conflicto de interés del presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer. De comprobarse, podría ser inhabilitado y dejar su cargo.
Por su parte, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), indicó que analizan el flujo de capitales de las personas allegadas a García Alcocer, ya que podrían estar involucradas en triangulación de lavado de dinero y defraudación fiscal.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, al concluir la conferencia matutina que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, recordó que García Alcocer declaró que el hermano de su cónyuge, Mario Barreiro Castellanos, trabaja desde 2015 en Vestas, una empresa danesa dedicada a fabricación de tecnología para la generación de energía eólica.
García Alcocer sostuvo que dicha empresa no es regulada por la CRE, por lo que afirmó que no hay conflicto de interés.
Otro familiar cercano al titular de la CRE, explicó la funcionaria federal, es Santiago García Castellanos, pariente en cuarto grado al ser primo hermano de su cónyuge. Es director de la empresa Santa Fe Natural Gas, filial de Fermaca, una empresa mexicana permisionada por la CRE.
En este caso, García Alcocer sostuvo que su último permiso por parte de la CRE fue otorgado en marzo de 2016, por lo que consideró que no hay conflicto de interés.
“Sin embargo, hemos observado que en términos de la ley general de responsabilidad administrativas, el conflicto de interés consiste no sólo en la posible afectación a la objetividad e imparcialidad del servidor público en razón de interese personales, familiares o de negocios… sino también en los conflictos de interés potenciales”, indicó Irma Eréndira Sandoval.
Precisó que, tras una “revisión exhaustiva” de las declaraciones de posible conflicto de interés presentada por el titular de la CRE, se localizó, además, un permiso para transporte de gas natural para la empresa Fermaca, la cual el funcionario reconoció que está vinculada a su familia.
Sandoval recalcó que dicho contrato no fue declarado por García Alcocer, por lo que se inició una investigación de oficio en la Secretaría de la Función Pública.
Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP señaló que el hermano de la cónyuge reportó ingresos, entre 2013 y 2017, por 12.5 millones de pesos, además de una retención por terceros por 9.3 millones, pero en la declaración no se incluye tres empresas que tienen proyectos con Pemex.
Una de dichas empresas hizo transferencias al extranjero entre febrero de 2014 y diciembre de 2018 por 47.8 millones de pesos y 148.5 millones de dólares, empresa que “presenta tan bajos reportes al Sistema de Administración Tributaria, lo cual podría constituir un caso de defraudación fiscal”.
El hermano de la cónyuge del titular de la CRE también realizó dos vuelos a Guatemala y nueve a El Salvador. “Esto es relevante en razón de que una de las tipologías más importantes del lavado de dinero consiste en traslado en efectivo a Centroamérica”. Santiago Nieto precisó que no se está afirmando la comisión de un delito, sino de una tipología usada comúnmente para ello, por lo que investigan el caso.
Además, el primo hermano de la cónyuge tiene participación en cuatro empresas el sector energético como representante o director.
