La Jornada.
Ciudad de México. El Estado mexicano tiene una deuda histórica con las personas mayores de 60 años, quienes lejos de ser considerados sujetos de derechos, son vistos por las autoridades como objeto de la caridad o la conmiseración, limitando las políticas públicas a meros programas asistencialistas, coincidieron en afirmar defensores de derechos humanos.
Al presentar el Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas mayores en México, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, subrayó que aun cuando el país está envejeciendo, no está preparado para ello.
Rechazó el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien –con el argumento de que existen irregularidades– dijo que podrían desaparecer instituciones relacionadas con la protección a grupos vulnerables, entre ellos los adultos mayores.
“El estudio que hoy se presenta aporta elementos objetivos de ponderación sobre la condición de las personas mayores en nuestro país, siendo una de las necesidades que se hicieron evidentes, el fortalecer los mecanismos e instancias de atención y apoyo establecidos para tal efecto y no desaparecerlos, como parecería desprenderse de los anuncios hechos [por el Presidente] ayer [lunes] sobre esta materia.
Si existen irregularidades o se cometieron ilícitos, deben investigarse y sancionarse. Si los procesos operativos no producen los resultados deseados, deben revisarse y replantearse. Lo que en este ámbito no puede contemplarse como opción, es que se prive a los millones de personas mayores de la posibilidad de recibir la asistencia y apoyos que requieren, los cuales en buena medida son de carácter prestacional, por lo que difícilmente pueden monetizarse como alternativa de sustitución.
Violencia persistente
González Pérez agregó que aun cuando la cifra de los mayores de 60 años pasó de 6.8 millones en 2006, a casi 13 millones actualmente (cerca de 10 por ciento de la población), éstos siguen siendo víctimas de violencia familiar, de prejuicios y estigmas que los discriminan; enfrentan pobreza y marginalidad; en lo general carecen del acceso, la calidad y la disponibilidad que sería deseable para los servicios médicos y los cuidados que requieren.
El informe, indicó, hace patente que en México prevalecen las medidas de carácter asistencial limitadas al otorgamiento de descuentos u otro tipo de apoyos económicos, que si bien son necesarios por los altos índices de pobreza en el país, resultan insuficientes para garantizar a los ancianos una vida digna.
Tras la progresividad de derechos
Demandó al Estado ratificar la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores para avanzar en la progresividad de los derechos humanos para este sector.
María de los Ángeles Fuentes Vera, presidenta del Comité de Derechos Humanos Ajusco, subrayó que existe una deuda histórica del Estado para con nosotras, las personas mayores, tanto de los tres poderes de gobierno como en sus tres niveles de implementación.
