La Jornada.
Ciudad de México. Debido al otorgamiento de contratos a dos instituciones estatales de educación superior, sin comprobar que tuvieran la capacidad suficiente para realizar el trabajo encomendado, Diconsa habría sido responsable de un daño a la hacienda pública federal por más de 378 millones de pesos de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Mediante un esquema similar al utilizado en otras ocasiones por la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social, hoy del Bienestar (de la cual depende Diconsa), y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se otorgaron contratos de forma directa a universidades estatales, que a su vez realizaron operaciones de subcontratación plagadas de irregularidades.
De acuerdo con un escrutinio forense realizado por la ASF en la Cuenta Pública 2017, Diconsa suscribió en los ejercicios 2016 y 2017 una serie de convenios de trabajo con la Universidad Autónoma del estado de México y el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, para la realización de diversas tareas administrativas y de gestión de datos.
Al analizar los contratos con ambas casas de estudio, el ente revisor del gasto documentó que ninguna contaba con la capacidad técnica, material y humana para el cumplimiento de las tareas que les encargaron, lo cual propició que no se obtuvieran las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
De igual manera se comprobó que ninguna de las dos instituciones desarrolló de manera directa las actividades, sino que ambas subcontrataron la totalidad de los servicios convenidos con tres proveedores no identificados, lo cual viola lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Entre las irregularidades detectadas por la ASF se encuentra un posible daño al erario por 196 millones 900 mil pesos, derivado del pago a empresas particulares subcontratadas que no contaban con la capacidad técnica ni material para cumplir con el trabajo y que, además, no comprobaron haberlo realizado.
Debido a operaciones similares, hay otros tres pliegos de observaciones en los que se presumen malos manejos por 128 millones 348 mil pesos, 44 millones 967 mil pesos y 8 millones 349 mil pesos. En todos ellos se siguió el mismo esquema de subcontratación con empresas no capacitadas y falta de acreditación de la labor requerida.
La ASF documentó que los funcionarios de Diconsa no garantizaron las mejores condiciones de precio, oportunidad y calidad al Estado, se careció de justificación y evidencia documental para contratar personal, pagaron sobrecostos y no solicitaron la autorización de la Secretaría de Hacienda para manejar sus recursos de la manera que lo hicieron.
