Jorge Oropeza
El combate a la corrupción se ha colocado como máxima prioridad en la agenda política nacional. El Gobierno Federal ha abonado en gran medida con un discurso y acciones encausados a ese objetivo. Por esto, la intención de reformar la Carta Magna, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes locales en la materia ya navega en la opinión pública con al menos seis ideas en construcción que nos permiten dibujar un claro debate.
La discusión – que es menos pública pero que genera mayor controversia – es la de mantener o desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción y reconstruirlo en un nuevo mecanismo. Ideas hay muchas, como empoderar a la Secretaría de la Función Pública y a las políticas del Poder Ejecutivo por encima del sistema, o incluso la de crear una oficina única en la materia como existe en Argentina, por ejemplo.
Además, desde la campaña presidencial, se ha puesto sobre la mesa el aumentarle dos sillas al Comité Coordinador del mismo sistema anticorrupción. Es decir, agregar la presencia de la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria para perseguir la pista del dinero y la del Instituto Nacional Electoral para cruzar los temas de corrupción proselitista. Esta idea es de las más aceptadas como herramienta de fortalecimiento institucional.
Como tercer elemento, está el debate sobre cómo empoderar a la instancia que encabeza el sistema anticorrupción, que es el Comité de Participación Ciudadana (CPC). ¿Se le tendría que poner por encima de la Secretaría Ejecutiva y transformar esta última como un órgano técnico auxiliar ciudadanizado, darle más facultades vinculantes o dotarla de estructura propia?
También ya se discute implementar esquemas de participación ciudadana permanentes que robustezcan la vigilancia y el cumplimiento de la ley. Y es que, hoy por hoy, no hay ninguna presión o contrapeso que obligue a los órganos integrantes del Comité Coordinador del Sistema a cumplir con la legislación e informar al CPC todo lo que éste solicite, sea o no de uso reservado o confidencial. El espacio de observancia ciudadana debe ir más allá de la ya existente Comisión Ejecutiva.
Asimismo, el debate abarca la existencia real de máxima publicidad en todas las sesiones y acciones de todo el Sistema y de cada uno de sus instituciones participantes. Desde la Secretaría de la Función Pública hasta el CPC deben abrirse, invitando a sociedad civil, transmitiendo y publicando cada reunión de sus órganos de gobierno.
Finalmente, ya está en los foros estatales el debate sobre la importante centralización de los procesos de selección para la conformación de los sistemas locales de combate a la corrupción. Lo anterior, para que desde el Sistema Nacional y el Congreso de la Unión se acompañe a las entidades y se evite que sus instituciones sean captadas por el poder de los gobernadores.
*Presidente del Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento A.C.
