Oaxaca de Juárez. En su férrea lucha contra la corrupción, a propuesta del diputado Pável Meléndez Cruz, el Congreso de Oaxaca exhortó al Ejecutivo para que solicite la documentación comprobatoria a 36 municipios que son contemplados como deudores ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), correspondientes al Ramo General 23 de los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012 y 2013.
Este punto de acuerdo, suscrito por la diputada Inés Leal Peláez y Pável Meléndez, fue aprobado de urgente y obvia resolución, y en el que también se le exhortó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE) para que investigue a estos municipios y en su caso se finquen responsabilidades, toda vez que ejercieron un monto total de 75 millones 043 mil 589 pesos.
Así también se le pidió a los 34 municipios que son contemplados como deudores en la base de datos para el seguimiento de las obras de infraestructura deportiva municipal de la Conade, para que realicen una investigación e informen y en caso de contar con la documentación comprobatoria, sean solventadas dichas omisiones.
“Bien saben ustedes que los anteriores legisladores federales autorizaban obras con recursos del ramo 23. En Oaxaca se hicieron muchas obras con el pretexto de incrementar la infraestructura deportiva; sin embargo, en las regiones la infraestructura es deficiente, no existen, algunas obras no se terminaron y lo peor de todo, no se comprobaron”, asentó el representante popular.
En tribuna, Pável Meléndez detalló que 15 de los 36 municipios son de la región Istmo: Ciudad Ixtepec, Magdalena Tlacotepec, San Francisco Ixhuatán, Santo Domingo Tehuantepec, Asunción Ixtaltepec, Salina Cruz, San Pedro Comitancillo, Santa María Mixtequilla, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, San Pedro Huamelula, San Pedro Tapanatepec, Santa María Totolapilla, Santiago Laollaga, Santo Domingo Ingenio y Unión Hidalgo.
A la fecha, precisó, no han realizado la comprobación del recurso con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. En este sentido, resaltó la importancia de saber quiénes fueron los legisladores federales que designaron los montos y bajo qué criterios.
Consideró esta situación como preocupante, por ello destacó que los órganos correspondientes de fiscalización deberán promover las debidas acciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y las autoridades competentes.
