Ciudad de México. El Estado mexicano negó que la práctica de la tortura en el país sea “generalizada”. Sin embargo, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Martha Delgado, aceptó que hay muchas instituciones que ven en este crimen una manera de obtener información de personas que han sido señaladas de algún delito.
Ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés), representantes del gobierno mexicano aseguraron que la cifra de denuncias por este delito va a la baja, lo que refuta la afirmación hecha la víspera por los expertos de esa instancia internacional quienes señalaron que se trataba de una práctica “endémica y generalizada”.
Este viernes, México compareció ante el CAT para su séptima evaluación ante este mecanismo, esto en el marco del 66 periodo de sesiones del Comité, que se realiza en esta ciudad. La delegación Mexicana estuvo encabezada por la subsecretaria Delgado. En la audiencia de este viernes, correspondió a los representantes de nuestro país responder los señalamientos, dudas e interrogantes que los expertos realizaron el jueves en torno a la situación de la tortura en México.
“Estamos recurriendo a organismos internacionales para que nos ayuden a conocer las mejores prácticas que otros países llevan a acabo para combatir este flajelo que azota al país. Un ejemplo es mejorar las prácticas de interrogación, hay países que tienen técnicas que son más eficientes y que no requieren de tortura, hay muchas instituciones que están recurriendo a esa práctica porque piensan que no pueden obtener información de los acusados de otra manera. Esta práctica es ya inaceptable en el país”, aseveró Delgado.
Ese comentario causó sorpresa e indignación entre muchos de los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil mexicanas que estuvieron presentes en la audiencia pública efectuada en el Palacio Wilson, sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La funcionaria admitió que en México hay tortura, pero no que sea generalizada o que se trate de una política de Estado.
“La represión y violación de los derechos humanos nunca será una política de Estado, como lo ha dicho el propio presidente (Andrés Manuel López Obrador), creo que no será muy difícil que él mismo, como lo recomienda el relator, pueda hacer una expresión en el sentido de que no tengamos una práctica de tortura en nuestras instituciones”.
Francesco Pipitone, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se sumó al rechazo. “Sobre la referencia usada el día de ayer en el sentido de que la tortura es una práctica generalizada en México (hecha por Diego Rodríguez Pinzón, miembro del CAT), el gobierno federal reconoce los retos y desafíos que representa la tortura. Sabemos que es un problema grave, lo tenemos claro, y lo estamos atendiendo, pero es igualmente cierto que no se trata de una política de Estado y ni que su práctica sea generalizada”.
Enumeró una serie de datos a la baja en las quejas por ese delito ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Policía Federal fue señalada en 2016 en 360 requerimientos ante la instancia de garantías fundamentales y en 40 ocasiones en 2018. El organismo nacional emitió 113 recomendaciones contra el Ejército en 2013, cifra que cayó a 22 en 2018, de éstas últimas, 11 (50 por ciento) fueron por tortura. En tanto que la hoy Fiscalía General de la República tuvo 42 quejas por este delito hace seis años y 32 el año pasado.
El funcionario omitió sin embargo dar en la audiencia pública El número de recomendaciones por tortura contra la Marina, una de las instituciones con más señalamientos. Los datos de la CNDH revelan que la actuación de los marinos generó 40 recomendaciones en años recientes: una en 2007, dos en 2008, una en 2009, seis en 2010, seis más en 2011, el mismo número un año más tarde, siete en 2013, una en 2014, también una en 2015, siete en 2016 y dos en 2017.
“NO estamos satisfechos ni pretendemos esconder los problemas, como país tenemos importantes retos que incluyen los estados que conforman la República mexicana, pero a nivel federal hay una tendencia a la baja en las denuncias, explicada en parte por la capacitación a cuerpos de seguridad”, señaló.
El presidente del CAT, Jens Modvig, informó que los representantes de México tienen hasta el martes de la próxima semana a las seis de la tarde para enviar más comentarios y respuestas por escrito, pues el informe final y recomendaciones al Estado se presentarán a mediados de mayo. Asimismo, dijo que habrá tres exhortos con carácter de urgente, por lo que las autoridades mexicanas tendrán un año para dar avances de esos señalamientos específicos.
Al finalizar la sesión, la subsecretaria Delgado indicó en entrevista: “Una cosa es decir que no es una política de Estado la tortura y otra que no se presente nunca y que no sea una práctica, lo es, es el reconocimiento que hace el Estado mexicano, la tortura es una práctica y tenemos muchas denuncias. De ahí a que los datos de tortura se estén incrementando en el país, no. Hay un consistente declive de este tipo de delito”.
La Jornada
