Ciudad de México. En el marco del Primer Encuentro por la Transparencia, el secretario general de la Facultad de Derecho (FD) de la Universidad Nacional Autónoma de México, Víctor Manuel Garay Garzón denunció que por 820 pesos los datos de millones de personas quedan vulnerables.
El especialista detalló que, en el mercado negro, dependiendo de la oferta y la demanda, se pagan 203 pesos por entregar el nombre completo de una persona, 162 por su fecha de nacimiento, 235 por su firma electrónica y 220 pesos por su teléfono particular.
“La protección de los datos personales es un derecho fundamental consagrado en el segundo párrafo del Artículo 16 constitucional, que es importante ya que todos estamos expuestos a que nos roben nuestra identidad”, señaló.
Garay Garzón comentó que los datos personales están vulnerables en el mercado ilícito, es por ello que nació la necesidad de emitir regulaciones como la Ley Federal de Protección de Datos Personales y la Ley de Protección de Datos Personales, en posesión de los particulares y de los sujetos obligados, respectivamente.
“Con ello se amplió el nivel de protección para incorporar a las autoridades en general y también a personas que manejan datos personales para el ejercicio de sus actividades”, afirmó.
Garay recordó que la Constitución de la Ciudad de México, en su Artículo siete, también protege esos derechos, que llevan a una adecuada administración pública, con derecho a la información, a la privacidad y la protección de datos personales.
“Son requisitos indispensables para alcanzar un estado democrático y de derechos”, subrayó.
El secretario general explicó que no existe persona que no haya entregado datos vía Internet o personal a una institución pública o privada para hacer algún trámite u obtener algún servicio; por ello, resulta de vital importancia realizar este tipo de eventos, donde participan diversos agentes de la sociedad, como personal del servicio público, académicos y personas inmersas en el tema.
“Es importante la reflexión y el debate sobre estas políticas públicas para alcanzar un óptimo tratamiento, tanto del derecho de acceso a la información, a la protección de datos personales y al derecho de privacidad de las personas”, acotó.
Por su parte el comisionado presidente del INFO, Julio César Bonilla Gutiérrez, comentó que la transparencia, en pleno siglo XXI, entró con tambor batiente en términos constitucionales, legales y reglamentarios, para el desarrollo y posicionamiento en la vida pública del país.
“INFO, un ente autónomo, se relaciona con temas de transparencia y anticorrupción”, apuntó.
El Primer Encuentro por la Transparencia es un acercamiento entre autoridades y académicos para abordar este tema emergente; el evento constó de tres conversatorios, dedicados a transparencia y anticorrupción, datos personales y derechos ARCO, y acceso a la información y estado abierto para la rendición de cuentas.
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