Excélsior
Ciudad de México. Desde 2008, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo suma irregularidades por seis mil millones de pesos, revelaron la organización México Evalúa y la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey.
Algunos de los rubros a los que se destinaron recursos de esta bolsa son pagos a secretarios de Educación estatales, choferes, secretarias y maestros que no dan clase.
El estudio La impunidad en la nómina magisterial: uso y abuso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo señala que al menos 100 mil maestros reciben salarios sin trabajar en salones.
Además, Chihuahua, Coahuila y Aguascalientes son los estados con más anomalías en el uso de recursos.
Marco Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación de México Evalúa, señaló que cuando el gobierno federal detuvo los pagos a comisionados, las entidades los transfirieron a puestos administrativos para que estos siguieran cobrando.
Explicó que uno de los hallazgos del estudio es que entre el primer trimestre de 2016 y el mismo periodo del año siguiente mil 833 personas fueron transferidas a áreas administrativas.
“Esto refleja un ingenio de la transa”, ironizó el experto.
Cobran sin dar clases 100 mil maestros
Los comisionados fueron transferidos en estados a puestos administrativos para poder seguir cobrando.
Desde 2008 se han encontrado seis mil millones de pesos en irregularidades en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), entre ellas, el pago de secretarios de educación estatales, pago de choferes, secretarias y de maestros sin que den clases, revelaron México Evalúa y la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey.
Mediante el estudio La impunidad en la Nómina Magisterial: Uso y Abuso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, con información de la revisión de la Cuenta Pública de 2008 a 2019, los especialistas en políticas de educación pública del país señalaron qué hay al menos 100 mil maestros que reciben salarios, pero que no asisten a clases, además de que Chihuahua, Coahuila y Aguascalientes, son las entidades con mayores anomalías en el uso de los recursos.
Marco Fernández , coordinador de Anticorrupción y Educación de México Evalúa, señaló que, al momento en que el gobierno federal detuvo los pagos a comisionados, las entidades los transfirieron a puestos administrativos para que estos siguieran cobrando.
Fernández enfatizó que se halló que, entre el primer trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017, mil 833 personas fueron transferidas a áreas administrativas.
“Esto refleja un ingenio de la transa”, ironizó y agregó que Aguascalientes, Colima, Durango, Tlaxcala e Hidalgo fueron los estados donde se ubicaron estas prácticas.
Expuso que cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acudió a los centros escolares a hacer pase de lista para comprobar que personal a cargo de la nómina está laborando, encontró que 100 mil personas no estaban asistiendo a trabajar.
En cuanto el mayor número de presupuesto destinado acciones irregulares, detalló que Chihuahua, Aguascalientes y Coahuila destinaron más de 100 millones de pesos provenientes del fondo, para pagos indebidos.
Destacó que la investigación revela que se pagaron mil 66 millones de pesos a nueve mil comisionados sindicales, de los que destacan el pago en Chihuahua y Coahuila.
Además, fueron también destinados 31.89 millones de pesos anuales para el pago de choferes, equivalente al 50% del presupuesto del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) en 2017, que incluye la información estadística, censal y registral de alumnos, maestros y escuelas en el país.
Los analistas consideran que la solución para atacar la corrupción en el magisterio, no es centralizar los recursos, como sugiere la actual administración, sino transparentarlos en los estados y hallar responsables debido a que el 30% de las nóminas en cada estado del país aún es responsabilidad de cada entidad.
El análisis se llevó a cabo durante tres años, y se realizaron 150 solicitudes de información.
En el informe se expone que de la revisión de la Cuenta Pública de 2008 a 2017, en el uso del Fondo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha establecido 125 denuncias ante la Procuraduría —hoy Fiscalía General de la República— por irregularidades que superan los seis mil millones de pesos; hasta ahora dichas denuncias no han causado sentencia: 123 se encuentran en proceso de integración, una fue desechada y la otra tiene un amparo interpuesto.
La mayor parte de estas denuncias se han interpuesto por presuponerse la comisión de un delito por el desvío de recursos públicos.
Tal es el caso del Estado de México, con siete denuncias, y el de Chiapas, entidad con tres denuncias y un monto de irregularidades de 188 millones de pesos.
