El Economista
Ciudad de México. La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció la imposición de sanciones a dos altos exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración de Enrique Peña Nieto que consisten en inhabilitaciones por 10 y 15 años y una multa de alrededor de 620 millones de pesos.
La inhabilitación de 10 años para ocupar puestos públicos de uno de los funcionarios, informó la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval, se giró debido a que dicho funcionario proporcionó informaci ón falsa en sus declaraciones patrimoniales.
“En dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos”, indicó la SFP.
Por otra parte, la sanción de 620 millones de pesos y la inhabilitación de 15 años, se giró en contra de un funcionario de Pemex relacionado con la compra de la planta industrial Fertinal.
Cabe recordar que la compra de dicha planta fue auditada por la Auditoría Superior de la Federación, la cual encontró que Pemex registró pérdidas multimillonaria por dicha operación ya la que compró a sobreprecio y en un deplorable estado.
La anterior operación se realizó durante la gestión de Emilio Lozoya Austin al frente de Pemex a quien también se le vincula con el caso de sobornos emitidos por la empresa de origen brasileño Odebrecht.
La SFP puntualizó, sobre el funcionario de Pemex y la compra de la planta industrial, que “después de una minuciosa investigación, se demostró que el funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos.
“Por tal razón, se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además de los 15 años de inhabilitación al funcionario”, precisó.
Después de una minuciosa investigación, se demostró que el funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos, por tal razón, se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además de los 15 años de inhabilitación al funcionario.
Los funcionarios sancionados aún pueden impugnar ante tribunales las sanciones de la SFP.
Más de 6,000 procedimientos contra funcionarios
Mediante una nota de prensa la SFP anunció que desde el 1 de diciembre y hasta la fecha ha abierto unos 6,200 procedimientos de responsabilidades administrativas contra funcionarios federales, además de imponer casi 400 inhabilitaciones.
“Van desde funcionarios de nivel operativo hasta los rangos de directores generales, además se han aplicado 112 sanciones económicas que suman un montos superior a los 656 millones de pesos”, precisó la dependencia.
No obstante, omitió precisar si dichas sanciones han sido ratificadas o en qué proceso se encuentran.
Cabe recordar que el 31 de enero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pediría la renuncia de tres servidores de Pemex que presuntamente estuvieron involucrados en ‘la Estafa Maestra’.
“Les adelanto que vamos a pedirles a estos servidores públicos que dejen sus cargos y que se termine la investigación que está en curso porque no podemos nosotros tolerar nada que tenga que ver con corrupción, ni siquiera aceptar sospechas”, dijo entonces.
El mandatario señaló que la Secretaría de la Función Pública presentaría el dictamen de la investigación sobre los funcionarios señalados.
En ese caso, se trató de Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien fue nombrado director de Pemex Producción y Exploración (PEP) en el presente gobierno; Héctor Salvador Salgado Castro, subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP; y Luis Galván Arcos, gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística.
A ellos se les vinculó con la firma de contratos con universidades públicas por 348 millones de pesos, los cuales terminaron en manos de 17 empresas fantasma.
Los funcionarios participaron como firmantes responsables de 25 convenios de Pemex con instituciones públicas de educación superior entre 2012 y 2018 . De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de 73 convenios de Pemex con 11 instituciones pública de educación superior hubo un desvío por 7,667 millones de pesos.
La SFP y Pemex no confirmaron que alguno de los dos sancionados ayer estuviera ligado con esta investigación previa.
