Las comisiones Unidas de Derechos Humanos y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México aprobaron este viernes el dictamen que modifica el artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el cual significaba un freno a los desalojos forzados.
Luego de una discusión de más de dos horas, los diputados integrantes de dichas comisiones aprobaron mantener el artículo 60 pero modificado, con lo que se evita la interpretación de que se impedirán los desalojos si no se pagan rentas.
El documento modificado subirá al Pleno este viernes para su votación. De esta manera, si es aprobado, se deja sin efecto la legislación actual que, de acuerdo con sus críticos, relegaba el derecho a la propiedad.
Así se lee el texto modificado del artículo del artículo 60:
“Ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial emitido de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso concreto.
“Las leyes en la materia establecerán los procedimientos y modalidades para garantizar el derecho de audiencia, respetar el debido proceso y procurar en todo momento la mediación y la conciliación; además de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento.
“Las personas afectadas por un acto de desalojo podrán solicitar a las autoridades correspondientes su incorporación a los programas de vivienda”.
Sobre esta ley se presentaron distintas iniciativas para su modificación.
El 17 de mayo, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Saldaña, solicitó el cambio de la redacción del artículo, argumentando que genera confusiones y ambigüedades que favorecen a grupos de invasores y va contra el derecho de la propiedad.
El PAN explicó que la aclaración es con el fin de evitar confusiones judiciales durante un desalojo y así garantizar el derecho a la propiedad privada estableciendo los alcances de la autoridad durante los procesos.
El jueves, el diputado perredista Jorge Gaviño argumentó que el artículo “representa una violación al derecho humano a la propiedad, crea una carga para el estado y entorpece el trabajo de los juzgadores”.
Además, la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, dijo el jueves no estar de acuerdo con la nueva ley impulsada por el Congreso local.
“No estoy de acuerdo con lo que plantean (en el artículo), a mí me parece que no se puede confundir el derecho a la vivienda con el derecho del poseedor de un edificio al que le pagan la renta”, dijo Sheinbaum.
Dicha ley, aprobada el 8 de febrero pasado y modificada en el mes de abril, proponía que para evitar que los desalojos forzosos violen, entre otros derechos, el de la vivienda, estos solo serán en casos excepcionales, los cuales estaban definidos.
Mientras las comisiones discutían la permanencia o derogación del artículo 60 en la ley, un grupo de 20 ciudadanos, víctimas de desalojo forzado, demandan, a las puertas del Congreso capitalino, la permanencia de dicho artículo que da garantías a desalojados, y obliga al Estado a atenderlas.
El Financiero
