Proceso
La falta de acción jurídica por parte de los institutos Nacional de Derecho de Autor (Indautor) y Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ante el caso de apropiación cultural por parte de la casa de modas de Carolina Herrera, podría derivar en la destitución de sus directores, afirma a Proceso el promotor cultural Carlos Arturo Martínez Negrete. especialista en derechos autorales.
Conocido también como Carlos Lima, desaprueba la respuesta de Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, quien decidió enviar una carta para pedir explicaciones sobre el uso de elementos probadamente mexicanos, a la casa de modas de la diseñadora venezolana, la cual respondió que sólo quisieron mostrar “su amor por México”, hacer “un homenaje”, según consignaron los medios.
Considera que debió actuarse por la vía del derecho. Afirma incluso que durante el foro “La protección del patrimonio cultural como derecho colectivo”, realizado en mayo pasado en el Senado de la República, el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Frédéric Vacheron, señaló que el marco jurídico mexicano permite la defensa del arte popular, el problema es la falta de acción.
A través de un comunicado, la Secretaría de Cultura mencionó en su momento que Vacheron hizo ver que, además de la discriminación social, los pueblos indígenas sufren “el plagio y robo de sus tradiciones, por lo que anunció el compromiso de la Unesco para acompañar este proceso legislativo de protección”.
En un video en su página web “México Original”, Martínez Negrete indica que existen los “elementos para poder generar las denuncias” y se debe exigir a las instituciones “su correcto actuar”.
Ante la inacción en el marco jurídico, el investigador decidió presentar sendas quejas ante los órganos de control interno del Indautor y el IMPI. Tras recordar las marcas (Nestlé, Penguin Random House, Océano, Planeta, La Europea, Carolina Herrera, Pineda Covalin, Chocolate Abuelita, entre otras), que han hecho uso “de manera alevosa, violenta, con poderío supremo y violando la ley y los derechos humanos” imágenes y valores identitarios de los pueblos. Señala que el Indautor es responsable de vigilar, ejercer y sancionar a quien viole la Ley Federal del Derecho de Autor.
Por ello, su queja es contra su director Cuauhtémoc Hugo Contreras Lamadrid y todo aquel funcionario que resulte responsable, por haber sido “omisos en la protección, defensa y salvaguarda de las creaciones intelectuales de los pueblos originarios, quienes teniendo facultad expresa en la Ley para iniciar acciones legales de oficio en contra de estas empresas, a la fecha no han iniciado un sólo proceso de infracción en materia de derechos de autor a fin de evitar las prácticas ilegales e inequitativas”.
Y añade que con ello se altera el patrimonio cultural mexicano y se violan los derechos culturales, pero además los pueblos originarios “dejan de beneficiarse económicamente de sus creaciones intelectuales”.
En cuanto al IMPI, la queja es contra su director Juan Lozano Tovar, e igualmente otros funcionarios. Recuerda que a esta institución compete “vigilar, ejercer y sancionar a quien viole” la ley en materia de derechos de autor, que en su artículo 231 señala que “constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro”. Y cita, entre ellas, “utilizar obras literarias y artísticas protegidas por el capítulo III, del Título VIII de la presente ley”.
El investigador pide se averigüe la razón por la cual no se han iniciado procesos de “infracción en materia de comercio” para evitar estas prácticas ilegales e inequitativas.
El Órgano Interno de Control del IMPI dio entrada a la queja de Martínez Negrete, le asignó un folio, clave y número de registro interno y le informó que se harán las diligencias procedentes para el esclarecimiento de los hechos, y lo instó a hacer llegar al Área de Quejas información o elementos adicionales que faciliten la investigación.
En su video. el especialista reitera que no ha habido un ejercicio de las funciones que corresponde a los institutos, por lo cual “son responsables de esta hecatombe de apropiación indebida de nuestro patrimonio cultural”. En su opinión, hay una falta de voluntad por parte de los funcionarios para actuar.
Y añade que, de ser necesario, considerará acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, reitera que de comprobarse que ha habido omisión por parte de las autoridades de los institutos, podría ser destituidos.
