La Jornada
En marzo de 2012 Emilio Lozoya Austin aseguró a Luis Weyll, representante de Odebrecht en México, que si el partido que representaba ganaba el gobierno, asumiría un cargo de relevancia en la administración pública federal, solicitando un pago a su favor bajo el concepto de apoyo a dicha campaña, esto con motivo de haber auxiliado en el posicionamiento de la petrolera en el mercado de Veracruz y Tamaulipas, y con el empresario Juan Carlos Tapia Vargas, en Hidalgo, por ello la compañía realizó un pago por aproximadamente cuatro millones de dólares de abril a junio y en noviembre de 2012, señaló en sus declaraciones ministeriales ante la justicia brasileña Luiz António Mameri, integrante de la empresa.
Lo anterior se localiza en la página 22 de la orden de aprehensión que libró el juez federal Eduardo Vázquez Rea en contra del ex director de Pemex, tres de sus familiares y una promotora inmobilia-ria de nacionalidad canadiense a través de la cual Lozoya Austin y su esposa adquirieron –según las constancias judiciales– una residencia en el puerto de Ixtapa Zihuatane-jo, en Guerrero, con valor de más de un millón de dólares.
El 25 de enero de 2017 la Fiscalía General de la República (FGR) recibió la denuncia firmada por Aracely Cortés Hernández, apoderada legal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Transformación Industrial.
La querella se presentó a raíz de que el 21 de diciembre de 2016 las brasileñas Odebrecht y Braskem (con las cuales Pemex había otorgado contratos) se habían declarado culpables ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York en Estados Unidos de haber pagado sobornos a servidores públicos de varios países, incluido México.
A raíz de ello se inició la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, y a la ingadatoria se sumó la denuncia presentada el 28 de junio de 2019 por Santiago Nieto Castillo titular de la unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y en ella se presentaron cargos en contra de Marielle Helene Eckes, Gilda Margarita Austin y Solís (mamá de Lozoya), Gilda Susana Lozoya Austin (hermana del ex director de Pemex) y Nelly Maritza Aguilera Concha (promotora inmobiliaria).
De acuerdo con las constancias que obran en la orden de aprehensión se señala que la respuesta de asistencia jurídica internacional procedente de la fiscalía general de Brasil, la cual proporcionó al gobierno mexicano copias de las declaraciones de Marcelo Bahía Odebrecht (propietario de la empesa brasileña), Gilberto Mascarenhas Alves Da Silva Fhilo (División de Operaciones Estructuradas) y Luis Alberto de Meneses Weyll (director superintendente) todos mencionaron haber realizado transferencias bancarias en favor de la empresa señalada para tal efecto por Emilio Ricardo Lozoya Austin.
Los pagos que en conjunto sumaron alrededor de cuatro millones de dólares realizados a Emilio Lozoya –según el documento judicial–, se realizaron por parte de “Luiz Mameri y gestionado por el área de Ope-raciones Estructuradas a través de la empresa offshore Innovation Research Engineering LTD, ligada a la constructora Norberto Odebrecht.
El pago de los cuatro millones de dólares se ordenó realizar a través de las empresas Latin America Asia Capital Holdings a la cuenta 126007 del Banco Gober & Cie y Zecapan, a la cuenta LI0608802001001560101 de la institución bancaria Neue Bank, cuya identidad bancaria en ambos casos fue proporcionada por Emilio Ricardo Lozoya Austin, por ser empresas vinculadas a éste y su familia.
La empresa Latin American Asia Capital Holding fue constituida el 10 de septiembre de 2008 en las Islas Vírgenes Británicas.
Según las declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht, el supuesto financiamiento a campañas políticas no sólo se realizó para la elección presidencial de 2012, sino que también se apoyó con 500 mil dólares a Javier Duarte de Ochoa (cuyos pagos se identificaron con las claves Batman y Robin en los documentos de la empresa brasileña), asimismo se entregaron 350 mil dólares para la campaña del priísta Rodolfo Torre Cantú, candidato a la gubernatura por el estado de Tamaulipas.
