Lunes 22 de julio de 2019, Ciudad de México. Uno de cada tres pesos del ahorro de los trabajadores en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) financia actividades productivas privadas, al alcanzar un billón 236 mil 930 millones, revelan informes de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Las Afore han arriesgado esos recursos en inversiones fallidas y entre ellas destacan 500 millones de dólares que Sura y Citibanamex dieron a la perforadora Oro Negro, que el pasado 14 de junio se declaró en quiebra, con 66.7 por ciento de la empresa en manos de Grupo Axis, es decir, los ahorradores son “inversionistas” de casi dos partes de la firma.
La ley permite que parte de los 3 billones 700 mil 94 millones de pesos que administran las Afore, que equivalen a 15 por ciento del producto interno bruto, pueda usarse en productos de inversión privada. Para ello se tienen diversas vías: Fibras y Certificados de Capital de Desarrollo (CKD), entre otros.
También destacan los casos de Inbursa, Pensionissste, Profuturo, XXI-Banorte y Sura, que pusieron 17 mi 377 millones de pesos del ahorro en la Fibra E para el aeropuerto de Texcoco, dinero que, según Gerardo Ferrando Bravo, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, era innecesario cuando se adquirió la deuda. Tras la cancelación del proyecto, en octubre, se registró una minusvalía de 131 mil 649 millones de pesos en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). El regulador aseguró que de lo invertido por la Afore, ya se reintegró 99 por ciento.
También se encuentra la inyección de 21.5 millones de dólares en acciones de la constructora ICA, cuando éstas se desplomaron 50 por ciento a mediados de 2015. En diciembre la empresa se declaró en suspensión de pagos. Ello implicó que por cada peso que se invirtió de trabajadores afiliados a Pensionissste, al final terminaran valiendo un centavo.
Entre otras obras que se beneficiaron de los recursos de los trabajadores están la Torre Mayor –proyecto residencial y corporativo– y Mítikah –rascacielos privado, donde el metro cuadrado cuesta 85 mil 987 pesos–. De igual forma, las inyecciones de capital a la española OHL.
En el caso de Oro Negro, la firma fue sostenida con 500 millones de dólares del dinero de trabajadores que Sura y Citibanamex invirtieron en un CKD expedido por Axis Capital, propiedad de Gonzalo Gil White, hijo del ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz.
La compañía acusó “confabulaciones” en Petróleos Mexicanos, lo que “terminó subordinando los intereses de millones de trabajadores –cuyos ahorros estaban indirectamente invertidos en una empresa institucional que, por vez primera, democratizaba para ciudadanos comunes y corrientes el poder participar en el sector energético– para favorecer intereses particulares producto de componendas”, reprochaba hace un año. Actualmente dueño y directivos enfrentan órdenes de aprehensión.
A la fecha, la inversión en el SAR se reparte principalmente en tres rubros: 53.78 por ciento en deuda de gobierno, le sigue la privada nacional (financiamiento a empresas), con 18.26 por ciento, y en el mercado bursátil internacional se aplican 12.12 por ciento.
De acuerdo con el actual esquema de retiro, las Afore pueden invertir en los rubros público y privado y se regulan internamente para decidir en qué. Pese a que la ley contempla sanciones por manejar los recursos de manera riesgosa, ni el caso de la perforadora ni el de ICA ha sido castigados.
Abraham Vela, titular de la Consar, explicó que los trabajadores ya pagaron la quiebra de Oro Negro. “En realidad ya no es tema (…) el valor de mercado de este instrumento financiero ha sido prácticamente de cero”, expresó en el contexto de un foro convocado por Fitch Ratings. Fuera de ello, no se ha anunciado alguna investigación o sanción.
Sin embargo, se mantiene una minuta en el Senado que permite flexibilizar las inversiones, con lo cual se espera que la tasa de remplazo –lo que cobra de su salario el trabajador una vez que se retira– pase de 30 por ciento a un máximo de 35.
La comisión promedio que cobran las 10 empresas que concentran el mercado mexicano es de 0.98 por ciento del saldo, monto que está por arriba de los esquemas de Reino Unido, Perú, Australia, Colombia, Chile, Suecia y Estados Unidos.
La Jornada
