Forbes
El Gabinete Social del Presidente de la República, la instancia que decidirá el destino de los bienes asegurados al crimen organizado, todavía no opera formalmente pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya repartió aproximadamente 78.2 millones de pesos y 20.6 toneladas de bienes a comunidades pobres del país.
Asimismo el mandatario asignó un predio de 21,302 metros cuadrados al municipio de Naucalpan de Juárez para construir una universidad pública y prometió que los recursos de la venta del inmueble que fue propiedad del empresario Zhenli Ye Gon serán destinados para becas a deportistas de alto rendimiento.
Estas decisiones, de acuerdo con la Ley Nacional de Extinción de Dominio publicada el pasado viernes en el Diario Oficial de la Federación, se deberán determinar en el seno del Gabinete Social del Presidente de la República que está facultado para proponer definir y supervisar las pautas, criterios, planes, programas, proyectos y acciones institucionales e interinstitucionales, a través de los cuales se determine la asignación o transferencia de estos bienes.
Este gabinete deberá estar presidido por el Ejecutivo federal y conformado por los titulares de las Secretarías de Bienestar, Educación y Salud; así como el Instituto de Administración de Bienes y Activos, Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Las reuniones de este gabinete deberán celebrarse por lo menos una vez cada tres meses, en tanto que las reuniones de carácter extraordinario podrían llevarse a cabo en cualquier momento.
Aunque la Ley fue publicada apenas la semana pasada, el mandatario ya anunció la asignación de recursos a cinco de los municipios más pobres del país y comprometió los recursos que se obtengan por la subasta de bienes inmuebles realizada ayer.
Los municipios de Santos Reyes Yucuná y Santa María Zaniza, en Oaxaca, fueron los primeros beneficiados con 25.6 millones de pesos procedentes de la venta de 65 lotes de vehículos incautados a integrantes del crimen organizado o que formaron parte de la flotilla oficial de la Presidencia de la República.
A esta entrega de recursos, le siguió el reparto de 20.6 toneladas de “bienes” a la población de diversas regiones del estado de Chiapas que resulto afectada por diversos fenómenos naturales el 4 de julio de este año. De acuerdo con comunicados oficiales del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), la donación benefició a 1,560 familias damnificadas.
Más tarde se entregaron 42.3 millones de pesos a los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc, de la región de la Montaña de Guerrero. Los recursos se entregaron a los ediles de esos municipios el pasado 18 de julio.
En tanto que 10.3 millones de pesos obtenidos por a venta de joyas y relojes incautados el crimen organizado el pasado 28 de julio se destinarán a la contrucción de caminos rurales en Michoacán.
Ricardo Rodríguez Vargas, director del SAE, señaló en una entrevista con Forbes públicada en junio de este año que hasta ese momento no se había establecido un mecanismo para determinar el tipo de obras a las que tendría que ser destinado el dinero una vez entregado a las autoridades de los municipios beneficiados, ni las medidas para transparentar el destino final del dinero.
De hecho señalo que hasta ese momento los recursos se habían entregado a los presidentes municipales toda vez que son elegidos a través de las normas de usos y costumbres por lo que se considera que su honestidad está probada.
