Jorge Oropeza
A pesar de que, en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Política Nacional Anticorrupción, el Servicio Profesional de Carrera es uno de los ejes base para el combate a la corrupción, éste se mantiene arrinconado en la agenda de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
Y es que el Servicio Profesional de Carrera implica contar con normas e instituciones que permitan que, dentro del Gobierno y bajo el principio del mérito, se regule el ingreso, las promociones y la permanencia a las plazas de las y los tomadores de decisión. Con esto, se logra que las mujeres y los hombres en espacios de confianza sean aquellas y aquellos que cuenten con los mejores perfiles y a su vez tengan acceso a una formación permanente con la que puedan hacer carrera al servicio del pueblo, logrando continuidad, evitando costosas curvas de aprendizaje y acabando con el sistema existente de “cuates y cuotas” que provoca corrupción.
Desde los primeros meses del actual Gobierno, la Secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval colocó en su discurso a la profesionalización. Sin embargo, hasta el momento, no existen acciones sólidas. El número de plazas en la Administración Pública Federal – que se designa o simula mediante mecanismos de ley de servicio profesional – sigue representando porcentajes muy bajos. Los grandes ejemplos de sistemas de carrera por años han sido el Servicio Exterior, el Instituto Nacional Electoral y en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Debemos sumar a esto que únicamente existen siete entidades del país que cuentan con normas en este sentido.
Es así como la ruta que inició en Oaxaca será ejemplar para desarrinconar y posicionar el tema. Y es que aquí ya se trabaja en una propuesta de colegios de profesionistas y universidades que contemple innovadoramente la paridad de género, la vinculación con la Academia, un enfoque al combate a la corrupción, el respeto absoluto a los derechos laborales, la flexibilidad hacia esquemas ya establecidos y la adaptación a dinámicas que consideren la lealtad.
Por ello, existe un claro acompañamiento del sector académico nacional para que, con esta propuesta, desde lo local se impulse el gran pendiente nacional de contar con las y los servidores públicos más capaces y honestos para México.
