La Jornada
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó documentos falsos para imputar a Rosario Robles Berlanga, lo que le permitió al juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna imponerle la medida cautelar de prisión preventiva, aseguró el bufete jurídico Hernández Barros.
En una carta acusó que el Ministerio Público federal presentó como prueba una supuesta licencia de conducir con domicilio, firma y fotografía falsos y distintos a los de Robles Berlanga.
“En él se puede observar que la fotografía fue tomada, tal vez de internet, la firma no corresponde con la de nuestra defendida y con datos que no corresponden con el domicilio” de la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante 2012 y 2018, periodo en que se le relaciona con el millonario desvío de recursos públicos a empresas fachada por medio de contratos que fueron otorgados durante su gestión conocido como la Estafa Maestra.
El despacho de abogados, encabezado por Julio Hernández Barros, aseveró que la licencia, la cual obtuvieron de manera anónima, con datos de la Secretaría bde Movilidad de la Ciudad de México, señala en su base de datos que el domicilio de Robles Berlanga es calle Tennyson s/n, Col. Axotla, en Álvaro Obregón, cuando en realidad ésta se ubica en Polanco, en la alcaldía de Miguel Hidalgo.
“La defensa legal de Rosario Robles exige se respete el Estado de derecho y se dé continuidad al procedimiento evitando ‘ardides’ notoriamente improcedentes, y se reponga a la brevedad la audiencia bajo las condiciones que ya estaban establecidas”.
Asimismo el bufete jurídico explicó que en un acto arbitrario y fuera de toda lógica, el Ministerio Público recusó a la magistrada Graciela Rociìo Santes MaganÞa para evitar que conociera de la audiencia puìblica de alegatos aclaratorios prevista para este viernes 13 de septiembre, en la que se revisariìa la medida cautelar de prisioìn preventiva impuesta de manera ilegal a su defendida.
“La intencioìn del Ministerio Puìblico es prolongar innecesaria e injustamente la prisioìn preventiva a la que estaì sometida la ex secretaria de Estado. Esto es una demuestra evidente del tipo de ‘chicanadas’ a las que estaì dispuesta a participar la parte acusadora.
“El equipo legal encabezado por Julio Hernaìndez Barros lamenta y reproba el ‘juego sucio’ del Ministerio Puìblico al descalificar y poner en duda la dignidad, el profesionalismo, la imparcialidad y la experiencia de la magistrada Santes MaganÞa para conocer del caso; cosa que no hizo cuando se designoì ‘por sorteo’ al juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que siì estaba impedido legal y eìticamente. Si el Ministerio Público tuviera los elementos legales sólidos para sostener las acusaciones contra Rosario Robles, no tendría mayor relevancia quién sería el juzgador o juzgadora designada para conocer de los alegatos aclaratorios”.
