La Jornada
Cuando el cubano Abel Oset llegó en febrero a México tras recorrer 11 países desde Guayana, pensó que lo peor había pasado. Pero aún le faltaba vivir en Nuevo Laredo.
Horas antes de su audiencia para pedir asilo en Estados Unidos, el entrenador cubano de judo de 49 años permanecía tendido en una colchoneta en el suelo del edificio de migración mexicana en la orilla sur del Río Bravo. No estaba tranquilo: el miedo y los nervios se apoderaron de él al pensar que después de su cita le podrían devolver otra vez a Nuevo Laredo, en el violento estado de Tamaulipas, donde intentaron secuestrarlo dos veces y tres a su hijo de 22 años.
“A los que van viniendo se los van llevando, uno a uno”, asegura temeroso en referencia a los grupos del crimen organizado que acechan este puente internacional, donde opera el cártel del Noreste, una escisión de los antiguos Zetas.
Oset es uno de los extranjeros incluidos en el plan “Permanecer en México” por el que el gobierno de Donald Trump ha retornado en lo que va de año a más de 42 mil solicitantes de asilo para que esperen su proceso en territorio mexicano, en uno de los cambios más trascendentales de la política de Estados Unidos para frenar la entrada de migrantes.
Los dos hombres tenían previsto explicar el martes su caso en una videoconferencia desde una carpa instalada Laredo, Texas, al otro lado de Nuevo Laredo.
El deportista huyó de Cuba cuando una vecina lo denunció a la seguridad del Estado por ver un documental sobre las posesiones de la familia Castro. Fue detenido y golpeado.
Cuando llegó con su hijo a Nuevo Laredo vinieron los intentos de secuestro.
“Nos preguntaron que si teníamos familia en Estados Unidos, que si queríamos cruzar el río por 2 mil dólares”, cuenta el joven, que se llama igual que el padre.
Los dos Abel trabajaban como ayudantes de albañilería y pintura para vivir. Cuando fueron interceptados por los criminales los revisaron de arriba abajo y hasta que comprobaron que no tenían dinero los dejaron ir.
En una de las ocasiones, al padre le tomaron una foto y le advirtieron: “aquí no te queremos más”. Estaban en una parada de autobús y había policías en la zona, pero nadie hizo nada. Por eso ni se plantearon denunciar.
“Nosotros sobrevivimos porque apenas salíamos del albergue”, agrega el joven.
Ambos hablan en susurros mientras unos niños corretean por el recinto, unos adultos intentan dormir algo, otros fuman y un agente de migración pide los nombres de quienes tienen que cruzar a las cuatro de mañana para apuntarlos en una lista.
Hay 38 personas, incluidos menores, de una lista de más de cien citados para el martes.
Según los datos del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, casi la mitad de los retornados por Estados Unidos regresaron a sus países. Muchos lo hicieron en autobuses facilitados por México, presuntamente por su seguridad, pero que fueron parte de una serie de las medidas para cumplir con las exigencias de Washington.
“No nos quieren en ninguna parte, los mexicanos también nos rechazan”, lamenta una hondureña de 29 años que pide no dar su nombre por miedo. Dice que acaba de enterarse del asesinato de una amiga en Intibucá, de donde huyó dejando dos hijos con su madre porque las pandillas la amenazaron al no querer vender droga.
No lleva ninguna documentación con la que demostrarlo por la urgencia de la huida, dice. Los ojos se le llenan de lágrimas al preguntarle qué hará si la regresan otra vez. “Dios verá”.
Ella es parte de un grupo que llegó al puente de Nuevo Laredo antes del atardecer del lunes desde Monterrey, 220 kilómetros al sur.
Otros llegaron al puente desde albergues en Nuevo Laredo para pasar ahí la noche. Entre la gente que esperan cruzar a Estados Unidos está un par de matrimonios con citas en días distintos cruzan los dedos para que les dejen presentarse ante el juez a la vez.
Pocos de los que acudan a las audiencias que comenzaron esta semana en el sur de Texas tendrán posibilidades de que su caso prospere, sobre todo después del fallo de la semana pasada de la Corte Suprema estadunidense que restableció una medida de Trump del 16 de julio, mediante la cual se niega el asilo a todos los ciudadanos de un tercer país que hayan entrado por la frontera mexicana después de esa fecha.
Los migrantes lo saben, pero se aferran a la esperanza, aunque su razón les diga otra cosa.
“Yo caigo en la ley vieja y creo que eso nos puede ayudar”, comenta Oset. “Vamos a ver”.
