A propuesta del diputado Pável Meléndez Cruz, con 37 votos a favor de urgente y obvia resolución, el pleno de la LXIV Legislatura de Oaxaca exhortó al gobierno estatal para que garantice que ninguno de sus servidores públicos intervenga en las elecciones del Sistema Normativo Interno y se salvaguarde la libre autodeterminación de los pueblos indígenas.
El punto de acuerdo que presentó incluye también que en el marco del cambio de autoridades de este régimen, antes usos y costumbres, el Ejecutivo de Oaxaca vigile que no se condicione el otorgamiento de los programas sociales; suspenda giras de trabajo, anuncios de programas y campañas institucionales.
Les recordó que el llamado también va para los funcionarios federales para que no condicionen los programas sociales del gobierno de la República, toda vez que este año se reformó el artículo 19 de la Constitución Política federal en materia de prisión preventiva oficiosa donde se tipifica como delito grave el uso de programas sociales con fines electorales.
Al fiscal general, Pável Meléndez le solicitó para que a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales establezca los mecanismos necesarios para recibir y atender oportunamente las denuncias que se presenten en estos municipios que renovarán a sus autoridades para el próximo trienio.
De igual manera, pidió a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) coordinarse con la Guardia Nacional para salvaguardar la seguridad pública y realizar patrullajes en los municipios identificados como focos rojos que impliquen un riesgo de confrontación previo, durante y posterior al proceso electoral en mención.
“El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) está salvaguardando en todo momento la libre autodeterminación de los pueblos indígenas”, aclaró en tribuna del parlamento oaxaqueño.
Y enfatizó: “Nuestro movimiento no promueve, no postula y no está apoyando, absolutamente, a ningún ciudadano o ciudadana de ningún municipio de Sistema Normativo Interno porque han querido embarrar a nuestro movimiento para generar encono social, cuando se debe prevalecer la civilidad, la paz y las condiciones de gobernabilidad”.
El legislador fundamentó su propuesta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Constitución Política Federal y Estatal.
Citó la fracción III, apartado A del artículo 2° de la Carta Magna federal en el que se tutela la protección de los pueblos y comunidades indígenas para elegir de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres disfrutarán y ejercerán su derecho a votar y ser votados en condiciones de igualdad.
