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Maestros, directivos padres de familia o tutores y estudiantes de educación básica a partir de cuarto grado de primaria, que integren los Comités Escolares de Administración Participativa recibirán un presupuesto anual por parte de las autoridades educativas del país para encargarse de la mejora y mantenimiento de las escuelas.
El artículo 106 de la Ley General de Educación, que fue aprobada la semana pasada en Cámara de Diputados y hoy inicia su análisis en el Senado, establece que se otorgará recursos anuales a estos comités con el objetivo de apoyar a la dignificación de los planteles educativos y “la paulatina superación de las desigualdades entre las escuelas del país”.
El presupuesto tendrá que ocuparse para mejoras, mantenimiento o equipamiento del plantel educativo y en el caso de requerir construcción deberá contar con asistencia técnica.
Esto constituye una irresponsabilidad toda vez que en la mayoría de los casos en materia de mantenimiento o equipamiento de planteles educativos se requieren conocimientos técnicos, además de que no existe certeza en torno a los mecanismos en los que se asegure el buen uso de los recursos, advierte Marco Fernández, investigador en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.
“Es una responsabilidad mayúscula y esto demanda tener garantía de conocimientos técnicos de la seguridad estructural, además quién se va a hacer responsable de la contratación de la obra y a quién se le va a aplicar la ley de responsabilidades”, señaló el especialista.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece las competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con dependencias federales respectivas emitirán los lineamientos de operación de los comités, mismos que tendrán que aplicar mecanismos de transparencia y eficacia de los recursos asignados.
Cabe recordar que el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativo (Inifed) era el órgano encargado de administrar los recursos y lineamientos para la infraestructura y mantenimiento de los planteles, misma que desapareció con esta nueva ley.
Otra medida polémica de las leyes secundarias que complementan las reformas constitucionales aprobadas en diciembre de 2018, fueron las integradas en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestros y Maestros que establece los proceso de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente, directivo o de supervisión.
La Ley plantea crear un Sistema Abierto y Transparente de Plazas manejado por la Federación y los concursos de selección se llevarán a cabo a través de convocatorias públicas abiertas de común acuerdo entre la autoridad educativa y la participación de la representación sindical reconocida legalmente.
Esto representa “sujetar a la camisa de fuerza” de las representaciones sindicales que decidieran la selección y promoción de los docentes, apuntó Fernández.
“Es una reforma profundamente regresiva porque consolida el corporativismo y la politización de la educación y sujeta a los buenos docentes nuevamente a la camisa de fuerza del sindicato en donde no va a ser por su merito sino la lealtades y practicas de corrupción lo que determinará si pueden ascender como directores y supervisores o aspirar a un mejor salario”, señaló el especialista.
