La activista indígena mexicana Lucila Bettina Cruz pidió a las autoridades de su país implementar un plan de protección integral ante los riesgos que enfrentan las comunidades que se oponen a proyectos eólicos en el sureño estado de Oaxaca.
Durante una reunión en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, realizada el 24 de septiembre pasado, Cruz denunció haber sido víctima de amenazas por su oposición a dichos proyectos eólicos, pese a que este organismo le otorgó medidas cautelares en 2018.
La activista y representantes del gobierno mexicano se reunieron para supervisar la implementación de las medidas cautelares otorgadas en 2018 para los defensores de los derechos indígenas en Oaxaca.
Miembros de las comunidades Binni’zaa e Ikoojts de Oaxaca constituyeron la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y fundaron la Articulación de los Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño (APOYO), de la que Cruz es una de las fundadoras.
En el encuentro, los beneficiarios de las medidas cautelares destacaron los riesgos por la construcción de 132 aerogeneradores en Juchitán, que producen 216 megawatts de energía, que se distribuyen a empresas que tienen contrato con Eólica del Sur.
Señalaron que la empresa Eólica del Sur ni siquiera cuenta con una página web que explique sus actividades, sus políticas en derechos humanos, el impacto de sus actividades o mecanismos de reclamo disponibles.
Asimismo, pidieron al Estado mexicano considerar las obligaciones de respeto y protección que imponen los principios rectores de Naciones Unidas en materia de derechos humanos tanto al gobierno como a las corporaciones.
Denunciaron que a pesar de que la CIDH emitió en 2018 medidas cautelares a su favor, las medidas implementadas fueron inadecuadas, ya que les entregaron radios y cámaras rotas, además de patrullajes inconsistentes, con gastos a cargo de los beneficiarios.
