La Jornada
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) busca que la ley antifactureras sea aprobada a la brevedad en la Cámara de Diputados para evitar que su discusión se “contamine” con el debate que habrá del Paquete Económico 2020, sostuvo Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación.
En entrevista, dijo que están escuchando las inquietudes de los empresarios para matizar la reforma penal fiscal, sin embargo, aseguró que en Hacienda están “cómodos” con los términos de la minuta que envió el Senado a la Cámara baja.
“Sí, los estamos escuchando, pero al final de cuentas sí es muy importante que salga ya este tema sobre todo para que no contamine el Paquete Económico. Los estamos escuchando con mucho gusto, pero el tema tiene que salir, si lo regresamos no va a salir y cada día que pase estaremos perdiendo dinero, tan sencillo como eso”, afirmó.
Romero Aranda consideró que si bien los diputados tendrán que decidir el momento de aprobación de la reforma, el interés de Hacienda es que esta misma semana se apruebe el dictamen en San Lázaro, de tal forma que entre en vigor a partir del 1 de enero de 2020.
“Ellos (empresarios) no lo quieren así, ellos solo quieren que nada más sea un delito de conducta, pero no un delito donde tengamos una recuperación como fisco. Son distintas las concepciones que tenemos, para nosotros, con la reforma como está, nos sentimos cómodos”, expuso.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) planteó como uno de los cambios a la reforma que se restrinja la aplicación de este régimen a los delitos de venta de facturas (113 Bis del Código Fiscal) y a los de defraudación fiscal y su equiparada únicamente cuando se expidan o utilicen facturas que documenten operaciones inexistentes o simuladas.
En ese sentido, Romero Aranda consideró que “la compra de facturas no es delincuencia organizada propiamente pero lo que pasa es que si tu compras el producto amerita prisión preventiva oficiosa, no es delincuencia organizada, pero sí es un delito calificado por seguridad nacional”.
IP pide retrasar la aprobación de la ley contra las ‘factureras’
La Iniciativa Privada (IP) pidió a los legisladores retrasar la discusión y eventual aprobación de la reforma penal fiscal para combatir a las empresas ‘factureras’ en la Cámara de Diputados, a fin de dar prioridad al Paquete Económico 2020 y continuar el dialogo con las autoridades hacendarias para ajustar la redacción de la iniciativa.
Sin embargo, las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y Justicia citaron para este lunes con el fin de iniciar la dictaminación de la reforma, ya que los diputados de Morena perfilan que el dictamen sea discutido y aprobado en el pleno de San Lázaro en la sesión del martes 15 de octubre.
El viernes las comisiones realizaron un Parlamento Abierto sobre la reforma penal fiscal que busca penalizar la compra y venta de facturas falsas como delincuencia organizada y que implica prevención preventiva oficiosa.
Alrededor de 20 abogados y expertos fiscales y penales de organizaciones como CCE, Coparmex, ABM, Concamin, INDEX, Escuela Libre de Derecho (ELD), entre otras, se pronunciaron por realizar cambios a la minuta aprobada por el Senado, de lo contrario, las empresas estarán en incertidumbre y podría haber en el futuro acciones de inconstitucionalidad.
Piden no legislar al vapor
En ese sentido, los representantes del sector privado demandaron a los legisladores “no legislar al vapor” y retrasar la discusión y eventual aprobación de la reforma.
Ricardo Cervantes, integrante de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial, consideró afortunado que la reforma de la ley antifactureras no este asociada del Paquete Económico, el cual tiene los tiempos encima para aprobar la Ley de Ingresos de la Federación 2020 y la Miscelánea Fiscal, cuyo plazo de aprobación es el 20 de octubre.
“Vale la pena hacer un llamado respetuoso a que se nos dé la oportunidad de seguir discutiendo el tema, a que encontremos coincidencias, sabemos del interés del gobierno y lo que persigue, pero también queremos que se protejan los intereses de la inversión mexicana”, sostuvo.
Juvenal Lobato, vicepresidente de la Comisión Fiscal de Coparmex, abundó que “se requiere de más tiempo para poder redactar de manera adecuada las modificaciones que en su caso se acepten, si no lo hacemos de esta manera me parece que como en muchas otras ocasiones se estará legislando al vapor y en perjuicio de los ciudadanos”.
Advirtió que de aprobarse la reforma en los términos del Senado, en el futuro se pueden presentar amparos o una acción de inconstitucionalidad “porque hay un fraude a la Constitución”.
Jorge Gaxiola, del Comité Jurídico de la Asociación de Bancos de México, resaltó que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Hacienda han mostrado receptividad sobre los planteamientos de los empresarios en el sentido de que la reforma es fuerte con las factureras pero que también se va contra los contribuyentes.
“Señores, de la manera más respetuosa pero enfática, den tiempo a que esto se procese ante las instancias correspondientes, tenemos receptividad del Ejecutivo, suplico que haya receptividad en los diputados, tenemos tiempo, tómense su tiempo, vamos a concentrarnos en el Paquete Económico”, demandó.
Rodolfo Félix Cárdenas, catedrático de la ELD y exprocurador de justicia de la Ciudad de México, subrayó que el fraude fiscal no puede ser considerado delincuencia organizada, “lo que estamos viendo es que se equipara a empresas e industrias con carteles de droga que son delincuencia organizada. Es una reforma atroz”.
