La Jornada
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una acción declarativa, para que este determine con claridad el periodo de dos años de la próxima gubernatura de Baja California.
Ello conforme a la convocatoria original del proceso electoral y las sentencias consecutivas emitidas por el propio Tribunal.
El objetivo del recurso interpuesto por el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, es disipar la incertidumbre jurídica derivada de la aprobación de la reforma a la Constitución del estado de Baja California que pretende ampliar el mandato de dos a cinco años, la cual fue aprobada con posterioridad a las elecciones del 2 de junio y publicada después de la declaración de validez de los comicios y la entrega de la constancia de mayoría, en la que claramente se señaló el periodo de mandato por dos años.
En su recurso, el INE establece que es necesaria la intervención de la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, porque se han puesto en entredicho los alcances de la participación política de la ciudadanía, produciéndose un entorno de incertidumbre incompatible con el carácter democrático y republicano de los gobiernos electos popularmente.
Considera procedente la acción declarativa, ya que están presentes los siguientes elementos: Una situación que produzca incertidumbre o falta de seguridad en un posible derecho y la posibilidad de que con esa situación se afecte o perjudique en cualquier modo el derecho.
El dictado de una sentencia de declaración de certeza clarificará, con precisión, los términos y alcances en los cuales se produjo el llamamiento a las urnas para renovar la gubernatura del estado de Baja California y, consecuentemente, los efectos de la voluntad ciudadana declarada en el cómputo de la entidad y materializada en la constancia de mayoría y validez que, en su oportunidad, fue emitida por el Organismo Público Local Electoral (OPLE).
El ejercicio de la acción declarativa otorgará a la ciudadanía y a las autoridades electorales la certeza respecto del periodo que efectivamente debe permanecer en el encargo el gobernador electo, ya que incorporar elementos de incertidumbre –como lo es modificar el periodo de un gobierno electo después de los comicios y de la declaración de validez del proceso electoral– podría producir un daño al electorado en su conjunto, al sistema democrático y a la función electoral que tienen a su cargo el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, subraya.
