Excelsior
La diputada Tatiana Clouthier, de Morena, criticó el comentario de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien dijo que el periodo de cinco años de gobernatura de Jaime Bonilla “es legal porque la norma está vigente”.
Ello luego de que, en una reunión con Bonilla, la funcionaria federal sostuvo que “estamos en un esgrima jurídico”, y estimó que “la norma va a pervivir”, con relación a la controversia que ha ocasionado la decisión del Congreso de Baja California de aprobar la ampliación de mandato de dos a cinco años.
Al respecto, la ministra en retiro dijo que es ingenua del tema de redes sociales y que no se dio cuenta que la estaban grabando en esta reunión privada con el ahora gobernador de Baja California.
Ante estas declaraciones, Clouthier opinó en su cuenta de Twitter, @tatclouthier que “El problema no es la grabación, sino lo dicho. Lo otro termina siendo secundario. La ley y las posturas son con o sin grabadora”.
Por su parte, la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, advirtió que, el hecho de que Jaime Bonilla Valdez haya rendido protesta por cinco años ante el Congreso estatal, no le asegura que su periodo como gobernador de Baja California se pueda ampliar de dos a cinco años.
Advirtió que el PRD mantiene su objetivo de evitar que Bonilla gobierne por más de dos años y que la Suprema Corte ya dio entrada a la acción de inconstitucionalidad, por lo que será el máximo tribunal quien lo determine.
Llamó al gobernador bajacaliforniano a no “echar las campanas al vuelo” porque existen instancias que aún no han definido una sentencia o resolución sobre la ampliación del período de gobierno.
Juárez Piña recordó que una de las acciones de inconstitucional admitidas por la Suprema Corte fue presentada por la dirigencia Nacional Extraordinaria del PRD, en la que se fundamenta un cúmulo de inconsistencias legales cometidas por parte del Congreso de Baja California y del ahora gobernador, con el apoyo de las autoridades locales y federales.
La legisladora precisó que, de acuerdo con la Corte, al admitir a trámite los recursos contra Bonilla, el hecho de que el gobernador entre en funciones al tomar protesta, no significa que se hayan consumado los efectos de la norma, en referencia a la Ley Bonilla.
