La Jornada
Lo recibieron con la danza del peyote en honor a su investidura presidencial. Ritual de bienvenida, preámbulo de la expresión de un caudal de peticiones de apoyos sociales, exigencias de respeto a sus territorios, demandas para destrabar conflictos territoriales que amenazan sus tierras y centros ceremoniales y un largo etcétera de necesidades ancestrales que esperan la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador para comenzar a ser resarcidas.
Serio, el presidente contemplaba la escena: gritos, pancartas –buena parte contra el gobernador Enrique Alfaro– y el discurso formal de Claudia de Rosa, indígena wixárika, que condensaba los reclamos comunitarios y reivindicaba su demanda principal: Hemos sido discriminados y frenados de una cosmovisión que nos sostiene en condiciones diferentes […]. No somos nada sin la energía de nuestros principales sitios sagrados.
Esta vez, en su discurso reivindicador de su lucha contra la corrupción, en pro la austeridad y su apuesta por las políticas que atiendan a los estragos de la pobreza, López Obrador abrió un espacio para anunciar la intervención gubernamental para la restitución de sus tierras, parte medular de los reclamos: “Vamos a atender el problema agrario de la región, vamos a buscar la conciliación.
Nada de vencer, convencer; nada de imponerse, sino llegar a acuerdos, y el gobierno va a ayudar. Vamos a revisar los expedientes. Si está resuelto, es cosa juzgada y sólo procede la indemnización [a los pequeños propietarios], si es así, el gobierno va a apoyar para que se tengan los fondos para indemnizar.
Para entonces ya había expresado el Presidente su convicción de apoyar prioritariamente a las comunidades indígenas y explicado las complicaciones presupuestales derivados de los resabios del pasado:
Antes aprobaban el presupuesto por unanimidad. Los maiceaban. Eso sucedía, por eso ahora hay protestas de los presidentes municipales y de organizaciones, anticipando que a las alcaldías se les otorgará los recursos que les corresponda por ley y las organizaciones que se vayan acostumbrando que los apoyos van a ser directos, porque los apoyos sociales no llegaban o llegaban con moche.
En el templete, a ratos incómodo, el gobernador Enrique Alfaro concentraba buena parte de los reclamos, apenas acallados por otro grupo de indígenas que lo vitoreaban. En un costado de la concentración, el repudio contra Alfaro con gritos y pancartas, en el otro, el coro de ¡Alfaro, Alfaro!, pretendía acallar la inconformidad.
La algarabía se formó cuando Alfaro habló y ante los gritos de rechazo de la comunidad de Santa Catarina reviró: No me ha gustado evadir temas, voy a visitar Santa Catarina, pero no acepto los chantajes al cierre de acuerdos. Vamos a cumplir nuestra palabra de invertir 32 millones de pesos para apoyar a la comunidad que sus autoridades se negaron a recibir un solo peso para obras de salud, educación.
No acalló las protestas. Incluso, ya durante la intervención del Presidente, desde el fondo del escenario, agitaban sus pancartas algunas contra las omisiones del gobernador, otras, reclamando añejos agravios: Más vale morir de pie que arrodillados; cancelación de las mineras Wirikuta; electrificación en zonas marginadas, y exigimos el abasto de medicamentos.
López Obrador no dejó pasar la evidente división e instó a la conciliación: con diálogo, si les ofrece el gobernador que va a visitarlos, abran el diálogo. Ofreció que el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, sea no sólo mediador en las diferencias locales, sino también quien gestione las demandas que involucren al gobierno federal.
Luego, en la Mesa del Nayar, ante los indígenas, anunció la llegada del programa Sembrando Vida, 4 mil 500 pesos mensuales para la siembra de árboles maderables y frutales. No van a tener necesidad de otros cultivos; van a tener ese ingreso permanentemente, porque, a pesar de las crisis, ustedes no abandonan sus comunidades.
