Jorge Oropeza
Las elecciones son, en gran medida, el corazón de la corrupción en México y en el mundo. Obtener o conservar posiciones de poder le dan sentido a la política, por ello la necesidad de financiar campañas, comprar voluntades y movilizar votantes. Y, mientras más propensa sea la sociedad y débiles sus instituciones, mayores tentaciones habrá en los grupos de interés para recaudar dinero ilegalmente, realizar compromisos de contrataciones futuras y, en general, armar alianzas que anticipen la oferta de actividades públicas bajo el control de intereses privados.
Un proceso electoral se encuentra en medio del triángulo de los actores involucrados en la corrupción. Y es que, de entrada, está en la gente que canjea sus decisiones electorales por dinero, bienes o programas públicos. Muchas y muchos ciudadanos suelen aceptar y hacer pasar como natural las circunstancias de esta corrupción.
Por otro lado, el sector privado y las empresas en general también forman parte de la corrupción electoral. Y es que muchas de ellas financian candidatos o candidatas – a manera de inversión – en donde el objetivo es que sean retribuidas en el futuro como proveedoras privilegiadas, vulnerando o simulando así cualquier mecanismo legal de licitaciones.
Finalmente, es evidente que los gobiernos y el sector público son los actores fundamentales de este fenómeno, porque son la fuente de ingresos y el objetivo final de estos hechos. Y es que aquí están los recursos y decisiones públicas que servirán para intereses privados. Es así como, a partir de la descomposición surgida tras una elección, nacen gobiernos amarrados a compromisos económicos, políticos, comerciales, laborales y también electorales para próximos procesos.
Esto provoca ineficiencia, mal servicio a las y los usuarios, y corrupción; por ello, la necesidad de reformas políticas, electorales y del sistema anticorrupción que observen como prioritarios estos sucesos, lo que hasta hoy sigue viéndose muy lejano.
