La Jornada
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recibió una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en contra de la clasificación de los delitos fiscales como un tipo de delincuencia organizada.
Esta impugnación fue una de las últimas medidas tomadas por el ex presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, antes de dejar el cargo, el 15 de noviembre pasado.
La controversia, identificada con el número 130/2019, cuestiona la constitucionalidad de las reformas a diversos artículos de la Ley de Seguridad Nacional, el Código Fiscal de la Federación y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que definen a los delitos fiscales como una amenaza a la seguridad nacional.
La CNDH argumenta que estas reformas imponen penas y medidas precautorias excesivas para los imputados por delitos fiscales, como son la prisión preventiva de oficio.
La solicitud de la CNDH fue turnada a uno de los ministros de la SCJN para que analice si cumple con los requisitos para ser admitida a trámite.
