La Jornada
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para incluir en la Constitución el estado de bienestar igualitario, reconocer el derecho a la salud de las personas con menores recursos, así como a la pensión no contributiva para adultos mayores y personas con discapacidad, así como estudiantes de todos los niveles.
La iniciativa propone añadir al tercer párrafo del artículo cuarto constitucional la obligación de establecer un sistema nacional de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, particularmente para la atención integral de la población mexicana que no cuenta con seguridad social.
En la exposición de motivos, reconoció que la salud en el país enfrenta inequidades y desafíos urgentes por resolver. La pérdida de años de vida saludable ocurre mayormente entre los cero y 19 años de edad, mientras las infecciones siguen presentes en las regiones más pobres del país, donde se incrementan nuevas epidemias: diabetes, padecimientos del corazón y cáncer, lo que revela el fracaso de las campañas de prevención de enfermedades y promoción de la salud, argumentó.
La propuesta propone un estado de bienestar igualitario y fraterno que garantice que los pobres, débiles y olvidados encuentren protección ante incertidumbres económicas, desigualdades, desventajas y otras calamidades, donde todos podamos vivir sin angustias ni temores.
El Presidente señaló que su propósito es que desde la Constitución se obligue al Estado a garantizar la entrega de apoyos económicos a la población vulnerable, pues el sistema jurídico mexicano no incluye herramientas suficientes que aseguren un ingreso básico.
En ese sentido, propuso reconocer el derecho a recibir una pensión contributiva para adultos mayores de 68 años, y en el caso de los indígenas a partir de los 65. Se trata de otorgarles una prestación con el fin de aliviar la pobreza en la que se encuentran, dijo.
En el caso de las personas con discapacidad permanente en la infancia, la juventud y de quienes pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, el Presidente planteó que resulta imperativo que el Estado vele por sus necesidades.
También, y a fin de evitar la deserción escolar, propuso incluir en la Constitución la obligatoriedad del Estado para constituir un sistema de becas para la población en condiciones de pobreza.
