La Jornada
El ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE)Pedro Antonio Enríquez Soto fue trasladado este sábado al penal estatal Venustiano Carranza, en la colonia Moctezuma, de la capital, luego de que un juez de control le cambió el proceso de libertad bajo caución que disfrutaba por el de prisión preventiva.
Al ex juez se le acusa de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, fraude específico y falsificación de documentos en agravio de al menos 50 mil derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), quienes a través de juicios simulados fueron despojados de sus viviendas en Nayarit, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco entre 2013 y 2018.
El pasado 9 de mayo, al cabo de casi 21 horas de audiencia, Enríquez Soto fue vinculado a proceso, sus abogados solicitaron que el proceso lo siguiera en libertad y por ello se le fijó una garantía económica de 15 millones de pesos, la cual fue cubierta y la prohibición de salir del estado.
El expediente con la causa penal 809/2019, que contiene el caso del megafraude, continuó recabando datos y acusaciones en contra del ex magistrado quien renunció a su cargo hace un par de meses cuando su periodo debía concluir el próximo 17 de diciembre.
Juicios simulados
Ese mismo mes, el fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, compareció ante el Congreso local donde explicó que del caso se tienen 40 tomos con 17 mil fojas y que dentro del proceso se han asegurado 3 millones 850 mil pesos en efectivo además de un reloj de oro y tres inmuebles en los cuales, se sospecha, se simulaban los juicios y de ahí salían los expedientes para ser firmados y pasar al despojo de la vivienda, afectación patrimonial que está tasada en más de 2 mil 50 millones de pesos.
Pedro Antonio Enríquez no es el único ex magistrado en el que ha recaído este proceso legal, Jorge Ramón Marmolejo Coronado también se encuentra en prisión preventiva desde el 30 de mayo por los mismos delitos, aunado al de cohecho, pero él está recluido en el penal federal número 4, en El Rincón, ello por garantía de su vida. Su magistratura terminó en junio pasado.
La forma en que se operaba este despojo era estar al pendiente de quién o quiénes dejaban de pagar su crédito puntualmente y caían en cartera vencida, entonces abrían todo un procedimiento para notificar al acreditado que su omisión de pago lo llevaría a perder su vivienda; sin embargo, la realidad era que nunca le notificaban al deudor y se armaba un expediente en el cual se daba a conocer que el beneficiado se había declarado en rebeldía, lo que significa que a éste no le interesaba recuperar la propiedad.
Los expedientes se armaban en céntricos edificios del municipio de Tepic y de ahí se llevaban a juzgados ubicados en Compostela y Xalisco para que fueran firmados por jueces inmersos en el fraude, quienes también fueron suspendidos y llamados a rendir cuentas ante la justicia, sólo que ellos han pedido rendir su declaración en absoluta privacidad y se supone que son quienes han ido aportando los datos necesarios en contra de los ex magistrados señalados para seguir los juicios.
