La Jornada
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), informó que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el establecimiento de medidas cautelares, debido a que integrantes de su equipo y familiares de presos indígenas que exigen su liberación han recibido “amenazas de muerte, vigilancia, hostigamiento e intimidación”.
En un comunicado dado a conocer en conferencia de prensa por Rosa Estela Rodríguez y Rubén Moreno Méndez, el Frayba, explicó que “las amenazas comenzaron el pasado 12 de noviembre, cuando aproximadamente a las 22 horas, un coche negro con los vidrios polarizados dejó un sobre en el interior del domicilio de una defensora del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha”.
Añadió que “el sobre contenía un mensaje con recortes de periódico que decía: ‘Faro: catastrófico aviso, clama por ayuda -por seguridad se omite el nombre de la defensora-, está en peligro de muerte, la vida es muy corta la muerte es inevitable, una más, noviembre, cuídala trata de salvar su vida. Cabe mencionar que Faro es el apellido de (Pedro), director del Frayba”.
Señaló que “el 19 de noviembre, a las 8:25 horas, se descubrió en el domicilio de la defensora un nuevo mensaje en el que escribieron su nombre al parecer con sangre. Esa misma noche, a las 21 horas, se encontró una publicidad relacionada con una funeraria, en la casa de un integrante del Frayba. Cabe decir que en ninguna de las casas vecinas dejaron este anuncio”.
Sostuvo que “a raíz de estas amenazas hemos documentado una mayor vigilancia y hostigamiento tanto a las familias de los presos como a las organizaciones y colectivos que los acompañan. A la fecha, no se ha obtenido una respuesta adecuada de protección por parte de los mecanismos del Estado mexicano”.
El organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, expresó que “la defensora interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas por las amenazas y en el Frayba realizamos diversas intervenciones escritas ante autoridades estatales y federales, pero la garantía y protección no se ha hecho efectiva de parte del Estado mexicano, minimizado la situación de riesgo que por las circunstancias valoramos que vienen de agentes del propio Estado”.
Manifestó que las acciones han ocurrido “en el contexto de la lucha por la libertad de presos de pueblos originarios, en particular de Juan de la Cruz Ruiz”, por lo que exigió a los gobiernos federal y estatal que intervengan para que “cesen las amenazas de muerte, vigilancia, intimidación y hostigamiento hacia quienes integran el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha y del Frayba, así como de sus redes de solidaridad”.
Asimismo, “garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las defensoras y defensores mencionados, así como de los presos que se organizan en La Voz de Indígenas en Resistencia, La Verdadera Voz del Amate y Viniketik en Resistencia”.
