La Jornada
Un demoledor, crudo y contundente informe emitió la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), acerca de las actuaciones policiales y militares en la represión de las movilizaciones sociales que comenzaron en Chile el 18 de octubre pasado y que hoy cumplen ocho semanas ininterrumpidas.
Hay razones fundadas para sostener que a partir del 18 de octubre, se ha producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. Estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias, concluye el informe.
En materia de recomendaciones, sin duda la más sorprendente –tanto como que fue rechazada de inmediato por el gobierno diciendo que no le correspondía opinar al respecto– fue que el proceso de elaboración de una nueva constitución sea inclusivo, participativo y transparente, incluso garantizando la paridad de género (50 por ciento mujeres, 50 por ciento hombres) durante el proceso, así como la participación de los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. Los derechos humanos deben estar en el centro de este debate nacional.
Las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) indican que hasta el jueves 12 hubo 3 mil 461 personas heridas (mil 986 por disparos) de las cuales 375 sufrieron lesiones oculares (21 con pérdida parcial y dos total de la visión); más de 9 mil 300 personas detenidas y más de mil 400 denuncias judiciales por torturas, abusos sexuales y uso excesivo de la fuerza, entre otros. Veintiseis personas murieron en actos violentos durante las protestas, cuatro de ellas a manos de militares y/o policías.
Desde hace 65 días millones de chilenos comenzaron una protesta social para exigir el término de los abusos y las precariedades derivadas del modelo económico neoliberal vigente en el país y cuya máxima expresión es una frívola desigualdad donde 50 por ciento de los hogares más pobres accede apenas a 2.1 por ciento de la riqueza neta del país, mientras que el 10 por ciento más rico se queda con 66 por ciento. En lo inmediato, la movilización social exige pensiones mínimas dignas (actualmente en torno a 140 dólares), salario mínimo decente (acaba de reajustarse a 380 dólares), abaratamiento de los medicamentos, acceso oportuno a la salud pública y condonación de las deudas de los universitarios, entre otras demandas. La sociedad reclama la redacción de una Carta Magna nacida de un proceso constituyente con amplia participación ciudadana, expresión de la diversidad social del país.
Descripción de las violaciones
La Acnudh, a cuyo frente está la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, dijo que algunas de esas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas.
Al referirse al desempeño de la policía (Carabineros), señala que se ha llevado a cabo de manera fundamentalmente represiva y que ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente. Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión.
También se acusó un uso desproporcionado y a veces innecesario de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios, pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia, recalcando su preocupación respecto del número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara por impacto de perdigones que contienen plomo.
La Acnudh considera que en su actuación los Carabineros y el Ejército no se han adherido a las normas y estándares internacionales de derechos humanos relacionados con la gestión de las asambleas y el uso de la fuerza, acusa.
Testimonios de horror
Entre algunos espeluznantes testimonios recogidos, se incluyen relatos de tortura sicológica, amenazas de muerte o de ser desaparecidos, así como de ejecuciones simuladas
“El Ejército me tiró al suelo, sentí golpes con la culata de un arma en mi cabeza y columna vertebral. Cuando nos subimos al vehículo militar, nos seguían golpeando y dijeron: ‘llevémoslos al cuartel y veamos cuánto duran con la electricidad’. Les suplicamos que nos dejaran ir. Nos sacaron en la oscuridad y pude reconocer que estábamos en la parte de atrás del cementerio. Nos ordenaron poner nuestras caras contra la pared. Había unos 12 soldados detrás de nosotros, que cargaron sus armas. Nos hicieron gritar ‘perdóname, Chile’. En ese momento, pensé que nos iban a disparar. Lloramos, nos tomamos de las manos y nos despedimos.”
El informe del Alto Comisionado se suma a otros emitidos por Amnistía Internacional, HRW y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), redactados todos con coincidencias amplias que colocaron al gobierno de Sebastián Piñera con un pésimo historial en la materia.
