La Jornada
El sistema tributario federal pretende recaudar 3 billones 300 mil millones de pesos, cifra que representa poco más de la mitad del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para este año, que asciende a 6 billones 100 millones. Con la aplicación de los impuestos sobre la renta (ISR, del que se considera percibir un billón 852 millones); al valor agregado (IVA, con un billón 7 mil millones), y especial sobre producción y servicios (IEPS, con 515 mil millones), la autoridad hacendaria contrarrestaría las previsiones de la caída de recursos obtenidos por impuestos.
Los ingresos tributarios constituirán 57.4 por ciento del presupuesto de este año y representan procedencia más robusta para la hacienda pública. Del éxito de las medidas recaudatorias se desprenderá el cumplimiento de las metas sociales del gobierno federal.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene como tarea enfrentar el boquete que genera la denominada erosión de la base imponible (BEPS, por sus siglas en inglés), con la eliminación de beneficios fiscales indebidos para sectores específicos de acuerdo con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de cara al próximo acuerdo multilateral que propondrá dicho organismo.
El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, expuso que la autoridad recaudadora deberá fortalecer las acciones contra quienes cometen delitos fiscales: El organismo debe agotar todos sus instrumentos para actuar contra quienes burlan la autoridad fiscal y evaden el pago de impuestos, pues dañan al erario y los ingresos que se requieren para atender las necesidades de las y los mexicanos. Los delincuentes fiscales ocasionan un gran daño al país, impiden que el Estado pueda aplicar políticas redistributivas más eficientes y utilizar los recursos públicos en beneficio de la mayoría de la población.
Ahorros por 200 mil mdp
A la fecha, las acciones de la Oficialía Mayor de Hacienda han permitido un ahorro de más de 200 mil millones de pesos mediante esquemas de compras consolidadas en toda la administración pública, además de abatir los sobreprecios, garantizar la legalidad en las licitaciones y ser un factor importante que impida los subejercicios de las dependencias de gobierno, al tiempo de seguir impulsando la política de austeridad del actual gobierno.
En la Cámara de Diputados se plantea emprender una profunda revisión del marco legal en torno a los procesos licitatorios en México, buscando nuevas variantes de colaboración entre los sectores público y privado a fin de generar proyectos que se traduzcan en beneficios tangibles para la sociedad mexicana.
Los subejercicios se continúan manifestando en el gasto público, pues en el tercer trimestre de 2019 se incurrió en esa práctica por un 151 mil 377 millones de pesos.
