Jorge Oropeza
A más tardar el 7 de junio de este año, en México habrá paridad en todos los espacios públicos, es decir, tendremos leyes y reglamentos que obliguen a otorgar la mitad de cargos a mujeres y la otra mitad a hombres. Y todos son todos: en los tres poderes, en los tres órdenes de gobierno y en los órganos autónomos. Sin más debate al respecto. Esto, sin duda, es un acto de justicia social que quedó sellado con la entrada en vigor de la reforma a 10 artículos de nuestra Carta Magna el pasado 6 de junio de 2019.
Hoy, a 6 meses del plazo fatal, aún existen al menos 3 retos que definir durante la discusión de las leyes secundarias que deberán cumplir con lo que ordena la Constitución Mexicana.
El primero es decidir si la paridad se reglamentará en una ley general o reformando varias legislaciones, incluyendo las de entidades colegiadas que poseen naturaleza impar en sus órganos de gobierno.
Como segundo gran reto, está aplicar el principio de la paridad en los municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas. Aquí las resistencias e inercias serán fuertes y quizás se tenga que hacer una excepción para una implementación gradual, como ya se ha realizado en ejercicios de género similares que actualmente son acatados.
Y, finalmente, resta llenar un gran vacío de esta paridad constitucional. Y es justamente con las autoridades no constitucionales, es decir, aquellas auxiliares o de colaboración ciudadana que están en la cancha de los municipios. Y es que aquí se violan recurrentemente los derechos humanos de las mujeres; por ello, tienen que reformarse las leyes orgánicas municipales para incluir el principio paritario en las elecciones de agencias, comités vecinales, jefaturas de manzana y todo lo que sea regulado al seno de los ayuntamientos del país.
