Ante la ola de feminicidios con la que inició este 2020 en Oaxaca, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura, Horacio Sosa, se pronunció de manera urgente para que las autoridades en la materia respondan con celeridad a la investigación de cada uno de los casos, así como brindar atención personalizada a las víctimas colaterales de estos hechos de violencia que una vez más han enlutado a ocho familias oaxaqueñas en los primeros 20 días del año.
El legislador detalló que de acuerdo al Centro de Documentación del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” el Istmo de Tehuantepec ha registrado cinco de los ocho asesinatos a mujeres, seguido de la costa y Papaloapan, ello a pesar de que el estado de Oaxaca cuenta con Alerta de Género para 40 municipios, incluido Juchitán de Zaragoza.
En este sentido, el diputado Horacio Sosa recordó que el Congreso del Estado de Oaxaca ha aumentado las penas a delitos que tienen que ver con la violencia de género, ejemplo de ello fue la reforma al artículo 405 del Código Penal que establece que a quien cometa el delito de violencia familiar se le interpondrá de tres a nueve años de prisión, cuando anteriormente el máximo era seis años.
De igual forma destacó que desde 2019, toda muerte violenta de una mujer en Oaxaca tiene que ser investigada bajo la presunción de feminicidio, por lo que las autoridades encargadas de las diligencias deberán actúan con perspectiva de género, así quedó estipulado en la reforma al artículo 57 de la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género aprobada por el Congreso local.
Por esta razón, el representante popular del Distrito XVI considera que las autoridades en la materia deben actuar de inmediato con perspectiva de género, ya que se encuentra adherida a las nuevas disposiciones legales, para tomar acciones inclusivas que salvaguarden los derechos humanos de las mujeres.
De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Oaxaca se ubica por arriba de la media nacional con un 6.2 por ciento de asesinatos, tal como lo han reportado también distintas organizaciones sociales durante 2019.