La Razón
María Elena tiene miedo y mucha rabia. Desde que regresó a Oaxaca, luego de abandonar el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ) en la Ciudad de México, la joven saxofonista, aún con heridas expuestas, no cuenta con atención fisioterapéutica ni psicológica como lo prometió el gobierno de Alejandro Murat a la familia de la joven.
Nadie se ha comunicado con ella por parte del DIF estatal, para decirle quién, cómo y dónde le darán seguimiento a su tratamiento de recuperación, en su segunda fase, que en casos como el de ella es por mucho la más compleja.
El gobierno de Oaxaca está mostrándose omiso, indolente —y misógino— al no cumplir con un compromiso frente a un caso ejemplar en esta nueva y cada vez más común forma de violencia de género en nuestro país: los ataques con ácido.
La joven saxofonista y sus padres simplemente no han podido volver a su casa, tienen miedo de enfrentar el escenario donde ocurrió la tragedia, donde dicen que “todo está intocable”, porque quedó contaminado por el ácido que carcomió hasta la madera de algunos muebles, e incluso alcanzó pedazos del pecho y brazos de la madre de la víctima, quemada al abrazar a su hija desesperada, momentos después de la brutal agresión.
El hombre que presuntamente, después de meses de acosarla la mandó rociar con ácido, hoy sigue libre, escondido, y quizá entre las enaguas de otras mujeres que, o son tan misóginas como él o están tan sometidas y asustadas por él, como lo está María Elena.
Ella y su familia se hospedan ahora en casa de Silvia, su hermana, quien la describe como ausente por momentos y muy deprimida desde la noche en que le pidió que la acompañara a mirarse al espejo.
Lo hizo por primera vez en 4 meses, nunca antes había querido hacerlo porque no quería ver la magnitud de lo que le hicieron: “sólo una pequeña parte de su lado derecho de la cara, a la altura del ojo, no está afectada. Todo lo demás sí, también el cuello… En toda la cara tiene una costra que está como flotando” me dijo Silvia su hermana con la voz entrecortada.
Feministas y músicos exigen justicia para María Elena, afuera de las oficinas representativas de Oaxaca en la CDMX, el 16 de diciembre pasado. Foto: Cuartoscuro
Pero cuando describió el momento en el que María Elena se desmoronó al ver su imagen en el espejo, Silvia estalló en un llanto amargo: “ya no sabemos cómo controlarla, de lo mal que se puso cuando se vio al espejo”. Sus sollozos calaron tan hondo, como cala la injusticia, la impunidad justificada y la impotencia.
Hace unos días, tuve la oportunidad de ver una fotografía del estado actual del rostro de María Elena. No hay palabras para describir la dimensión de su tragedia y la de su familia, y por ende, la indolencia de un gobierno que prometió ayudar y no lo está cumpliendo.
Cuatro meses han pasado sin que la fiscalía de Oaxaca logre algún resultado, ni la detención del responsable, ni alguna reparación del daño.
Sólo la misma palabrería, el informe sobre los cateos realizados en propiedades del exdiputado priista Juan Vera Carrizal, señalado como el presunto autor intelectual del ataque y otros comunicados que llevan al mismo lado, que es hasta ahora la misma impunidad que alarga la lista de casos con ese mismo destino.
En el abandono al caso de María Elena se reflejará el abandono a otras mujeres oaxaqueñas, si un crimen de esta naturaleza no tiene consecuencias.
Será como un permiso para delinquir con el olvido garantizado. Ojalá que no sea esa la culminación de este capítulo de violencia de género.
Ojalá que el “pacto” que el gobierno oaxaqueño hizo sobre este caso se cumpla, aunque no exista ningún papel firmado por nadie, porque le dijeron a la familia Ríos que “eso no se firma, se pacta”… o lo que hayan querido decir con eso…
El padre de María Elena, de 65 años, vivía de manejar un taxi que quedó arrumbado desde aquel 9 de septiembre, y a parir de entonces la única ruta que ha cubierto es la que le han impuesto médicos y hospitales para salvar a su hija.
La familia Ríos entera está asustada, desamparada, hoy buscan otras opciones posibles de ayuda entre organizaciones y colectivos, porque la confianza en las promesas de la fiscalía del estado, en la Comisión de Derechos Humanos y en el DIF estatal se diluyen conforme pasa el tiempo y el teléfono de María Elena, a 5 días de haber salido del nosocomio en la ciudad de México sigue sin sonar.
