Jorge Oropeza*
El pasado 29 de enero fue aprobada la Política Nacional Anticorrupción. Esto quiere decir que, a partir de este 2020, México cuenta con un documento oficial único que señala las acciones concretas a las que debe enfocarse el Estado Mexicano, principalmente las instituciones públicas, para que paso a paso se elimine la corrupción en el país.
Al respecto, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de la Función Pública, reconoció este logro, porque coincide con los planteamientos de la Cuarta Transformación definidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad.
Alinear todo llevó tiempo y trabajo. Durante un año se revisaron cifras, se diagnosticaron escenarios, se creó un Consejo Consultivo, se realizó una consulta ciudadana, así como foros regionales. Este ejercicio detectó 40 prioridades englobadas en 4 ejes estratégicos.
El primero tiene que ver con Combatir la corrupción y la impunidad y está enfocado al castigo efectivo de los delitos. Otro eje es Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder de las y los funcionarios públicos. Aquí entra el control interno y el Servicio Profesional de Carrera.
El tercer eje es el de Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad en donde se enlistan acciones de Gobierno Abierto para provocar eficiencia y transparencia. Finalmente, de forma estratégica, el cuarto momento es Involucrar a la sociedad y al sector privado y ahí queda claro que las y los ciudadanos deben participar en la construcción de políticas públicas.
Ahora toca a los estados alinearse a estos objetivos en sus Políticas Locales Anticorrupción para – como lo marca el espíritu del Sistema Nacional y de las siete instituciones que lo integran – coordinarse y empujar la implementación efectiva de estas prioridades nacionales.
*Presidente del Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento A.C.
