La Jornada
La mayoría en el pleno de la Cámara de Diputados, integrada por Morena, Partido del Trabajo, PES, PVEM y el voto dividido del PAN aprobó con 323 votos a favor y 26 en contra promover ante la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) la Controversia Constitucional contra el acuerdo asumido por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), instancia que aprobó mantener salarios más elevados para los consejeros electorales en el presente año, por encima del que recibe el presidente de la República. De mantenerse los actuales emolumentos de los consejeros del instituto, podría generarse un indeseable régimen de excepción, reprocharon.
El argumento de la propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), descrito en el texto, redunda desconocer el acuerdo de la Junta General Ejecutiva, como “una franca violación a lo establecido en los artículos 75 y 127 de la Constitución, así como a los límites de las remuneraciones establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, por lo que es conducente que la SCJN declare la inconstitucionalidad del mismo”.
Tal objetivo, que pretende ser una limitante a cualquier funcionario que pretenda ganar un salario mayor que el percibido por el Ejecutivo Federal, generó controversia porque si bien los panistas lo cuestionaron porque la Cámara de Diputados se encuentra en falta con la determinación de la SCJN para legislar en torno a la denominada ley de remuneraciones máximas de los servidores públicos, los diputados de Morena calificaron de exceso la decisión del INE por mantener sus elevados ingresos, solo por debajo de los extraordinarios que obtienen los ministros y magistrados de la misma SCJN, de la que se espera, se pronuncie en las próximas semanas.
Así la solicitud de Controversia Constitucional espera que en lo conducente la SCJN “declare la inconstitucionalidad del acuerdo de la Junta General Ejecutiva del instituto, restituyendo el orden constitucional”, porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación del PEF, la que debe respetarse sin injerencia de poder u órgano constitucional autónomo alguno”.
Esta posición manifiesta que las remuneraciones de los servidores públicos del INE deben fijarse como lo manifiesta el artículo 127, pues los consejeros no están exentos de los principios de transparencia, austeridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, productividad y honestidad, lo cual implica en su conjunto que nadie podrá ganar un salario mayor al que se le paga al presidente de la República.
Y es que los argumentos en contra de esa resolución, ubicaron en la decisión de la Junta General Ejecutiva un régimen de excepción, y por tanto se conmina al INE a respetar los límites de percepción contemplado en el PEF 2020, hasta que la SCJN resuelva sobre la validez o la invalidez del acto impugnado.
Sobre el particular, Porfirio Muñoz Ledo, solicitó la palabra y exigió que se termine con la casta divina que conforman los integrantes del INE, y que éste “mantenga una autonomía efectiva del gobierno”, porque la cuarta transformación no pretende someter al INE, y añadió una propuesta que de los cuatro sitios que se habrán de renovarse en el Consejo General del INE, tres sean ocupados por mujeres.
