La Jornada
Un tribunal unitario federal en materia penal de Ciudad de México sobreseyó (anuló) el juicio de amparo que promovió Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social, contra de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Por ello, la ex secretaria de Estado continuará presa en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, donde lleva seis meses.
“Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por la quejosa, contra los actos reclamados consistentes en la resolución de 17 de diciembre de 2019, que confirmó con precisiones y salvedades, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ordenada en la continuación de la audiencia inicial de 22 de octubre de 2019, así como su ejecución, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución”, señala el fallo del magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Primer Tribunal Unitario en materia Penal, quien no abunda ni hizo pública la sentencia.
Este es un nuevo revés para Robles Berlaga, quien en más de una ocasión ha buscado que le cambien la medida cautelar de prisión preventiva por domiciliaria.
El pasado 6 de enero de este año fue la más reciente ocasión que Rosario Robles Berlanga interpuso la demanda de garantías para impugnar la resolución de la magistrada Isabel Cristina Porras Ordiozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, que ratificó la prisión preventiva.
Hace tres semanas el juez de control Ganther Alejandro Villa Ceballos dispuso que Robles Berlanga continuara en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, sujeta a prisión preventiva justificada, durante todo el tiempo que dure su juicio por ejercicio indebido del servicio público. Durante una audiencia de revisión de medidas cautelares consideró que en sus alegatos la imputada cayó en contradicciones, además de que cuenta con los recursos suficientes para sustraerse de la acción de la justicia.
En ese entonces el impartidor de justicia también argumentó que no han variado las condiciones para modificar la medida. Al contrario, durante la audiencia confirmó que la ex secretaria de Desarrollo Social sí habitó en domicilios distintos al que se localiza en la alcaldía de Coyoacán.
La ex funcionaria está acusada del presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, conducta ilícita con la cual habría causado un daño al erario superior a 5 mil millones de pesos.
