Moisés MOLINA
En noviembre pasado Rosario Piedra Ibarra llegó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos avalada por omisión de las senadoras y los senadores priistas coordinados por Miguel Ángel Osorio Chong.
Aún a pesar del galimatías en que el hidalguense se perdió tratando de lavarse la cara ante lo que fue un aval a la elección de la candidata de Morena a la CNDH, el PRI quedó exhibido.
Y digo el PRI, porque en este como en cualquier otro asunto que pasa por los congresos o por los gobiernos, no se exhiben los personajes; se exhibe el partido.
Mientras Alejandro Moreno declaraba en contra de la llegada de la morenista al Órgano Constitucional Autónomo, Osorio Chong abandonaba con su “bancada” el salón de sesiones.
Por ello creo que otra de las áreas de oportunidad para lo que se quiera hacer del PRI de cara a su próxima Asamblea Nacional es, sin duda, la claridad con la que se tendría que definir la relación del Comité Ejecutivo Nacional y de sus Comités Directivos Estatales con sus representantes populares: Presidente de la República, gobernadores, diputados federales y senadores, en el primer caso; y diputados locales y presidentes municipales, en el segundo.
La nueva realidad en donde el PRI también pasará inevitablemente a ser oposición en estados que elegirán gobernador en lo inmediato, obliga a plantearlo como un tema central dentro del análisis de sus nuevos documentos básicos.
Si el PRI piensa seriamente en refundarse, su recomposición y paulatino reposicionamiento electoral lo habrá de tener preponderantemente desde los gobiernos estatales, los congresos y las presidencias municipales.
El PRI está obligado más que en ninguna otra época a mostrar congruencia, consistencia y sincronía.
Y los estatutos deberá definir de manera clara y puntual la observancia obligatoria de los representantes populares priistas a sus programa de acción, su declaración de principios y su código de ética.
Y deberán quedar expresas además las sanciones en caso de incumplimiento.
Colosio dijo que lo que los gobernantes hacen, sus partidos lo resienten y el PRI debe blindarse ante la posibilidad de que sus representantes en los espacios de toma de decisiones hagan lo que quieran hacer al margen del partido.
Si no ¿Para qué tienen documentos básicos y plataformas electorales llegando las elecciones?
Es mi opinión, que un buen comienzo para la refundación del PRI, tendría que ser el que las diputadas y los diputados locales y federales, los gobernadores, los presidentes municipales y quizás, en un futuro, el Presidente de la República priistas dejen de irse por la libre de acuerdo a sus personales intereses.
Solamente así el partido dejará de ser un mero instrumento para llegar a ser nuevamente y en toda la extensión de la palabra, como lo dice la Constitución, una entidad de interés público.
