La Jornada
Las modificaciones que se pretende introducir al dictamen para regular el outsourcing, elaborado por el senador Napoleón Gómez Urrutia atentan contra los derechos de los trabajadores y contra el erario y son idénticas a la propuesta que formuló y cabildeó el empresario Raúl Sánchez Beyruti, presidente de Gin Group, una de las principales empresas dedicadas a la subcontratación laboral ilegal, advirtieron senadores de Morena.
De introducirse esos cambios al proyecto aprobado por las Comisiones Unidas de trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda, no sólo permitiría que siga funcionando el outsourcing ilegal que tanto daño ha causado al país, además lo legalizaría en detrimento del erario y los derechos más elementales de los trabajadores, advirtieron Germán Martínez, Martí Batres, Aníbal Ostoa, Daniel Gutiérrez, José Narro, Ovidio Peralta, Blanca Piña, Gloria Sánchez y Antares Vázquez.
Los legisladores de Morena hicieron público un pronunciamiento en el que denuncian que las propuestas de modificación al dictamen, aprobado en comisiones en diciembre pasado, -y que quedó pendiente de votarse en el pleno para dar paso a un nuevo parlamento abierto demandado por la cúpula patronal- presenta “una alarmante coincidencia” con el proyecto de reformas de Gin Group, como si fuera resultado de acuerdos de esa outsourcera en las reuniones de la mesa de alto nivel.
Es un proyecto, resaltaro, que Gin Group “circuló y ha cabildeado, a pesar de que es el ícono del outsourcing ilegal, según ha difundido la propia Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y diversos medios nacionales de comunicación”.
El grupo de senadores de Morena demandó que no se obstaculice a las comisiones dictaminadoras que encabezan Gómez Urrutia y la senadora Ana Lilia Rivera, a fin de que puedan realizar su tareas y en base a la amplísima discusión que ya se ha dado decidan qué cambios introducir al dictamen
“Sería un grave e histórico error avalar cualquier cambio que esencialmente permita privilegiar actividades de las que existe consenso sobre su naturaleza dañina para México; debilitando así a la verdadera y legal subcontratación, pero sobre todo los derechos de los trabajadores, como reparto de utilidades, libre sindicalización y lesionando al fisco”.
Ese proyecto legaliza el outsourcing ilegal, ya que “prescinde de los elementos esenciales que el prevé el proyecto aprobado por las comisiones unidas, el que sí diferencia claramente la subcontratación legal de la ilegal.
Los senadores de Morena resaltan que hay un consenso generalizado entre quienes intervinientes en los parlamentos abiertos, reuniones con autoridades del Poder Ejecutivo e inclusive grupos empresariales, académicos, profesionistas y organismos sindicales, sobre la necesidad de establecer los mecanismos legislativos que les den herramientas suficientes a las diversas autoridades para erradicar el llamado outsourcing ilegal o incorrecto, fortaleciendo en contrapartida el outsourcing legal o correcto.
Ello está contenido en el dictamen aprobado por las comisiones dictaminadoras. “El que la ley prevea las características que debe reunir una subcontratación correcta, y por ende legal, es un avance legislativo enorme. Y es que, de esa forma, ya no se está ante las ambigüedades que el outsourcing ilegal aprovecha para continuar operando”.
Los senadores Batres, Germán Martínez y otros que respaldan el pronunciamiento, insisten en que ese dictamen definen con toda claridad en la propuesta de reforma al artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, la figura de subcontratación legal y se establece, con igual claridad, cuándo se está ante el ilegal, lo que se elimina en la propuesta de la mesa de alto nivel, que es idéntica a la Gin Group.
