La Jornada
En cinco años que operó en pleno la Reforma Energética se recibieron compromisos de inversión privada por 3 billones 202 mil 709 millones de pesos, más del 97 por ciento de ese dinero para la explotación de recursos naturales y con un margen de hasta 35 años para ejecutarse, según la concesión, exhibe la plataforma de proyectos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
Dicho volumen alcanza hasta el 13.15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a precios de 2019, pero la mayor parte de ese dinero se dio en beneficio de la explotación de hidrocarburos por parte de petroleras extranjeras, mientras en el rezago quedó el gasto de infraestructura.
Tras postergar el anuncio en más de tres ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que esta semana se darían a conocer los proyectos del Acuerdo Nacional de Infraestructura en el sector energético, listado cuya negociación lleva meses en un cónclave entre iniciativa privada y Alfonso Romo, el ex empresario que ahora es jefe de la Oficina de Presidencia.
La necesidad de infraestructura se evidencia en los resultados de la Reforma Energética. De los 89 proyectos en ejecución para el sector de hidrocarburos, siete fueron para fincar obras en transporte, almacenamiento y distribución, el resto fueron permisos para explotación y producción del crudo con cuotas para la fase exploratoria; regalías y utilidad operativa, sin requisitos de inversión física perdurable.
Entre esos siete que se promovieron para el rubro de hidrocarburos la inversión total en infraestructura fue de 42 mil 903 millones de pesos, (1.3 por ciento de la inversión total convenida); mientras en el eléctrico se dispusieron 63 mil 228 millones (1.9 por ciento de la inversión total) para 24 proyectos en ejecución.
“México no cuenta con la infraestructura suficiente para transportar y distribuir el petróleo, el gas natural y sus derivados. Esto implica que se transporten de manera poco eficiente y poco segura, generando mayores costos. A su vez, esto eleva los precios de estos productos y restringe el crecimiento de la industria”, destaca el resumen ejecutivo con el que la administración de Enrique Peña Nieto logró los cambios constitucionales a un año de iniciado su gobierno.
Los únicos proyectos en infraestructura de hidrocarburos fueron dos cesiones parciales de derechos por 20 años para terminales de almacenamiento; una a High Level Energy para el Puerto de Coatzacoalcos con plazo a 2039 y otra a IEnova Petrolíferos IV de Sempra Energy por otra en el Puerto de Topolobampo con plazo a 2038.
Los otros cinco implican prestaciones de servicios para la construcción de gasoductos en concesiones por 25 años; dos para Transcanada; otro más para Fermaca; uno para Grupo Carso e IDEAL y el otro por ATCO. Obras que el año pasado estuvieron en jaque de un arbitraje internacional.
De acuerdo con información de la misma Banobras, de 2014 que la inversión física del gobierno federal en el sector energético alcanzó 2.3 por ciento del PIB, pero ha ido a la baja sin que le compensen los recursos de la iniciativa privada.
En los últimos tres años –de 2017 a 2019- ha los recursos presupuestarios no han rebasado uno por ciento del PIB, lastrando consigo toda la inversión física, mientras los 106 mil 131 millones promovidos para la iniciativa privada representan menos de 0.43 por ciento de la actividad económica.
